Editorial

Paro portuario y el rol del gobierno

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Imagen foto_00000001i al gobierno le correspondía jugar un rol en el paro portuario de Valparaíso que ya supera un mes, era en primer lugar velar por el orden público flagrantemente quebrantado en estos días, no intermediar en un conflicto que el propio Ejecutivo ha calificado reiteradamente como “entre privados”. Resulta difícil mantener esta definición, sin embargo, cuando los ministros van al puerto a propiciar acercamientos o cuando invitan a los trabajadores en paro ilegal a reunirse en dependencias de un Ministerio, como en la tarde de ayer.

Quienes han llamado al gobierno a intervenir —en la oposición como en el oficialismo— argumentan que el conflicto ha escalado a un nivel que vuelve imposible la prescindencia, por la importancia estratégica del puerto y la cercanía del peak de exportaciones de frutas, y porque se trata de una problemática “laboral” que exige un pronunciamiento de la autoridad. No obstante, el recurso a medidas de fuerza por parte de los movilizados buscaba, precisamente, crear un cuadro de desorden público.

En cuanto al conflicto laboral, en este caso no se trata de que la empresa portuaria haya transgredido condiciones pactadas o incumplido promesas, mucho menos la normativa del trabajo, sino de peticiones económicas de los llamados “trabajadores eventuales“ (bono y crédito blando) que no han sido satisfechas, a las que ahora se agrega la no aplicación de represalias por actos violentos. Pero no se trata aquí de precariedad laboral, pues los contratos —cuya particularidad es su corta duración— reconocen los mismos derechos y protecciones que la ley consagra para todos los trabajadores.

Si hubiera que contemplar cambios a dicha modalidad de trabajo, podría estudiarse la legislación que rige hoy. Lamentablemente, en años recientes el recurso a la violencia se ha vuelto habitual en defensa de causas de variada índole, con la consiguiente intervención del gobierno —en general, para ganancia de los movilizados—, generándose una dinámica nociva a la que es urgente poner fin.

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