Editorial

Paz en La Araucanía: una responsabilidad básica

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ólo en los últimos diez días, un agricultor fue golpeado y luego amenazado con un machete por la supuesta reivindicación de "tierras ancestrales" de su agresor; los furgones de dos empresas forestales fueron quemados por encapuchados en incidentes separados; y hubo dos ataques incendiarios a predios agrícolas (con quema de fardos y tractores). Lejos de amainar producto de la pandemia, o del estallido de violencia del pasado 18-O y sus consecuencias, los ataques de carácter terrorista en La Araucanía han continuado, e incluso arreciado, en meses recientes.

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Enfrentado hoy a la urgencia de lidiar con el coronavirus y la consiguiente crisis económica, es necesario que el Gobierno refuerce entre sus prioridades poner fin al quiebre del Estado de derecho en esa región del país, pues podría estar repitiendo el patrón de administraciones anteriores: el anuncio de mesas de diálogo e iniciativas focalizadas en las muchas carencias socioeconómicas de La Araucanía, seguido a poco andar de un cambio del foco comunicacional (y político) del Ejecutivo hacia temas más prominentes en la agenda.

El resultado ha sido que las víctimas de la mal llamada "violencia rural" en esa región de Chile se mantienen en un estado de indefensión y vulneración de sus derechos —como lo hicieron ver varias de sus organizaciones hace unos días en reunión con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos—, mientras el problema de fondo no parece hoy más cerca de una solución que hace dos décadas. La política de entrega de tierras no ha cumplido su objetivo de aplacar la conflictividad, más bien al contrario, y el clima resultante desincentiva la inversión privada que la zona tanto necesita: en mayo, el Índice de Confianza Empresarial Araucanía fue negativo por noveno mes consecutivo en todos sus criterios de evaluación.

Este diario consignó la semana pasado la situación de una empresa forestal que da empleo directo a 900 personas, pero que sólo desde 2018 ha sufrido pérdidas por $ 1.600 millones debido a la violencia, por lo que arriesga cerrar. En este caso, como en los de cientos de empresas y pequeños agricultores atacados por años, el Estado está fallando en su responsabilidad básica de garantizar la paz.

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