Editorial

Pensión garantizada universal: necesaria prudencia

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l proyecto de ley anunciado por el Gobierno para reemplazar los beneficios del actual pilar solidario por una Pensión Garantizada Universal (PGU), adelanta una medida propuesta por ambas candidaturas presidenciales, y engancha con una demanda ciudadana que ha cobrado mayor fuerza en los últimos meses.

A diferencia del actual pilar solidario, caracterizado por un valorable y acertado criterio de focalización, la PGU avanza hacia entregar beneficios universales, y reconstruye el sistema previsional con una lógica diferente a la actual: una pensión común para todos los mayores de 65 años financiada con rentas generales, a la que se sumaría una pensión contributiva financiada con los ahorros acumulados por los trabajadores durante su etapa laboral activa, que incluye tanto los aportes obligatorios como los realizados voluntariamente.

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En el ámbito práctico, la principal ventaja de una medida de este tipo es que permite aliviar en el corto plazo un problema que está afectando a muchas personas, estimándose que los beneficiarios del pilar solidario aumentarían en una primera etapa de 1,5 millones a dos millones. Desde el punto de vista del diseño técnico, dos serían los principales puntos a favor: primero, no se generarían desincentivos a cotizar, por cuanto el beneficio que se otorgaría independiente de si la persona es o no cotizante, y de si recibe o no una pensión; y, segundo, se fortalece una institucionalidad que apunta a que la solidaridad se financie con rentas generales y no a través de cotizaciones aplicadas al empleo formal, que no son sino un impuesto adicional al trabajo.

El gran desafío está en su costo. En el proyecto anunciado (pensión de $185 mil para el 80% de la población más vulnerable, una cifra intermedia para los que se ubican entre el 80% y 90%, excluyéndose solo al decil superior) el mayor costo se estima en US$ 3.200 millones anuales (1% del PIB), que, sumado al costo del actual pilar solidario totalizaría US$ 6.700 millones (2,1% del PIB).

Abandonar el criterio de la focalización y reemplazarlo por la universalidad, tal como se observa en las economías desarrolladas, ciertamente es atractivo. Pero en países más pobres, con finanzas públicas estresadas y múltiples necesidades sociales por resolver, la cautela es lo recomendable ante iniciativas de este tipo.

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