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Editorial

Pensiones (III): ¿Quién paga el 4% adicional?

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Imagen foto_00000003l proyecto de reforma previsional del gobierno determina que el necesario aumento de la tasa de cotización será de cargo del empleador, a diferencia del 10% de cotización actual, que se descuenta del sueldo bruto del trabajador, con un tope de 78,3 U.F. Así se intenta cumplir con el principio de que el financiamiento de la seguridad social debe ser tripartito, entre empleadores, trabajadores y Estado.

Lo anterior no deja de ser más bien irrelevante cuando se trata de trabajadores del sector privado que ganan por sobre el sueldo mínimo, es decir, la inmensa mayoría de los cotizantes. Un aumento gradual de la tasa de cotización, en ese caso, seguramente se hace efectivo a cambio de un reajuste real de las remuneraciones, por lo que finalmente gran parte de su incidencia recae igualmente en los trabajadores. Pero no sólo eso, con el discurso de que es de “cargo del empleador” se pierde una oportunidad de educar en los fundamentos de nuestro sistema previsional.

En un sistema de reparto la cotización previsional es un impuesto, por lo tanto, efectivamente es “de cargo de”. Sin embargo, en un sistema de ahorro individual la cotización es de propiedad del trabajador, por ende, su aumento consiste en cambiar consumo presente por consumo futuro, lo que permite además obtener un retorno, no se trata de un castigo que se deba evitar.

Complejo es también para los trabajadores que ganan el sueldo mínimo y para los funcionarios públicos. Para los primeros, hace algunos meses se acordó un aumento bastante significativo, que va a significar que entre 2015 y 2019 el sueldo mínimo suba un 34%. Si se agrega el aumento de cotización, tenemos un mix de políticas que desincentiva fuertemente el trabajo formal en los grupos más vulnerables, agravando lo que reveló la última encuesta CASEN. En el caso de los funcionarios públicos, el aumento de cotización tendría un costo en régimen cercano a US$ 700 millones, en un contexto fiscal ya muy restrictivo. Desde el punto de vista de equidad este gasto no tiene justificación, toda vez que los funcionarios públicos tienen condiciones laborales bastante mejores que las del sector privado.

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