Polémicas inmobiliarias que se suman

Los casos son variados y los motivos diversos. Van desde la decisión de la Corte Suprema de impedir la construcción del Mall Plaza Barón, en Valparaíso, debido a problemas en los permisos, hasta los dictámenes de Contraloría contra las torres en altura en Estación Central por violaciones al plan regulador.

Las consideraciones sobre los actores involucrados también son numerosas. Están los vecinos, que pueden ver su calidad de vida deteriorada, los ciudadanos, cuya seguridad puede ser amenazada, los compradores, cuyos sueños de adquirir una vivienda (muchas veces con gran esfuerzo) pueden quedar truncados, y los inversionistas, que pueden sufrir una considerable pérdida patrimonial.

Pero más allá de las diferencias se distingue un patrón común. Los proyectos inmobiliarios están generando crecientes tensiones entre sus desarrolladores, las comunidades, las direcciones de obras y los alcaldes. Tensiones que muchas veces solo terminan cuando desembocan en tribunales.

Así está ocurriendo ahora por ejemplo en Conchalí, donde la autoridad municipal rechazó un proyecto y la empresa afectada recurrió a la justicia para denunciar lo que a su juicio fue una mala aplicación de las normas.

Todo esto apunta a la existencia de un importante punto de fricción en la relación entre las distintas partes involucradas. Y en ese sentido, va cobrando cada vez más importancia la necesidad de mirar estos casos ya no por separado, de manera aislada, sino más bien como un fenómeno general, con elementos comunes. Resulta imperativo llevar a cabo una discusión a fondo sobre la eficiencia regulatoria en este plano, que considere los intereses de las empresas, las autoridades y la comunidad.