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Editorial

¿Por qué demora tanto nombrar a un juez?

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uestra edición de ayer dio a conocer un estudio del Observatorio Judicial que da cuenta del cuasi sistemático retraso en el nombramiento de jueces llamados a decidir sobre importantes casos en materia medioambiental.

La investigación, que acusa una demora promedio de a lo menos 1,4 años para designar a los jueces de tribunales ambientales, alarga la lista de autoridades judiciales superiores cuyo nombramiento se dilata mucho más allá del plazo que la ley impone a los órganos colegisladores (Ejecutivo y Legislativo) para realizar estas designaciones: fue el caso de los ministros suplentes del Tribunal Constitucional (tres años más que lo establecido por la ley orgánica respectiva) y también ocurre con los actuales nombramientos pendientes para la Corte Suprema.

Si bien la institucionalidad es evidentemente perfectible, la situación preocupa especialmente en los tribunales especiales —como los ambientales—, ya que estos no cuentan, a diferencia del Poder Judicial, con otros mecanismos de integración o sustitución de jueces.

En la práctica, lo anterior significa que existen al menos dos poderes del Estado (Ejecutivo o Legislativo, en su caso) que impiden, por omisión, que otros poderes estatales funcionen, lo que atenta gravemente contra los deberes constitucionales de quien tiene a su cargo una responsabilidad pública. Esto constituye una vulneración abierta a una obligación impuesta por la ley y las consecuencias de este incumplimiento están sancionadas en el ordenamiento jurídico.

Es hora de evaluar alternativas prácticas a lo existente, como por ejemplo, establecer plazos límites para hacer un nombramiento, los cuales una vez vencidos entregan la decisión a un poder distinto; o bien sustituir, en algunos casos, el sistema colaborativo (donde concurren varios poderes en una misma designación) por uno distributivo (en el cual diferentes poderes nombran separadamente a los jueces, pero mediante sistemas de concurso público). La actual situación exige que éstas y otras opciones sean puestas sobre la mesa con sentido de urgencia. sin perjuicio de la responsabilidad que cabe a las autoridades correspondientes por estos retrasos.

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