Primero, acabar con la violencia

l precio que pagarán todos los chilenos por la destrucción desatada al alero del conflicto social ya se deja sentir de diversas maneras.

En un nivel que podríamos llamar “abstracto”, hay consenso en que los prolongados desmanes, incendios y saqueos han provocado un deterioro de la marca Chile en el plano internacional, mientras que el daño a la confianza social es tan imponderable como evidente.

Desde el punto de vista de las proyecciones económicas, el Banco Central anunció ayer sorpresivamente que adelantará unos días la reunión de política monetaria y el IPom de diciembre, pero otras estimaciones disponibles son negativas y sólo difieren en la gravedad de los efectos previstos. Desde luego, el crecimiento de este año y el próximo se verá necesariamente resentido, de igual manera que el empleo sufrirá las consecuencias de los cuantiosos destrozos y de la larga inactividad, y la inversión sentirá efectos de la incertidumbre. Lo previsible es que esto golpee con más fuerza a quienes menos espaldas tienen para sobrellevar una crisis de estas dimensiones: los trabajadores más modestos y las PYMEs donde trabajan.

Este diario ha relatado las duras experiencias de muchos chilenos —que por desgracia son apenas una fracción del total— que han visto literalmente arder sus emprendimientos, sus lugares de trabajo, sus fuentes de sustento. Las seguiremos contando, en Santiago y otras ciudades de nuestro país, porque ellos y sus familias son las verdaderas víctimas de una violencia vandálica que, a estas alturas, no tiene nada que ver con carencias sociales o demandas ciudadanas.

Ningún acuerdo social o político fraguado entre actores institucionales podrá tener viabilidad, ni legitimidad, si quienes en nada valoran las instituciones no son traídos al orden primero. Recuperar la seguridad y el orden público es el piso indispensable para que prospere cualquier salida constructiva a este duro trance nacional. Esto es algo que los actores políticos en el Gobierno y el Congreso no han encarado con la seriedad que requiere esta amenaza a la convivencia pacífica, al Estado de derecho y a la estabilidad democrática.