Proceso constituyente: el riesgo de perder el foco

n una ceremonia que se esforzó por revestir de gran solemnidad republicana, con la presencia de numerosas autoridades políticas y representantes de los poderes del Estado, el Presidente Piñera promulgó ayer la ley mediante la cual se convoca a un plebiscito, el próximo 26 de abril, para aprobar o rechazar que se inicie el camino hacia una nueva Constitución.

Se trata de un proceso nacido de la crisis social que estalló a mediados de octubre y eso sin duda será un factor que deberá pesar en el análisis de todo lo que venga hacia adelante. Sólo un clamor surgido en forma difusa de las protestas y manifestaciones, sin articularse nunca en torno a una agenda de propuestas ni a un actor que le diera voz —pero recogido rápidamente desde el mundo político, con diferencias, en casi todo su espectro—, fue el motor de lo que ahora promete ser un largo y complejo itinerario constitucional que nunca estuvo en el programa de gobierno.

Desde que el Ejecutivo y los principales partidos políticos alcanzaron el acuerdo que abrió las puertas a un proceso constituyente, diversos actores —y con seguridad una parte relevante de la ciudadanía— parecen poner en él expectativas desmedidas. Es cierto, como dijo el Presidente, que “ninguna Constitución política es inamovible”; sin duda la carta actual puede ser perfeccionada en variados aspectos y éste bien podría ser el momento correcto de discutirlo Pero ni en ése texto están las principales causas de los problemas que aquejan a Chile, ni en uno nuevo estarán las mejores esperanzas de superarlos.

Por ende, ahora que el país ha acordado dar inicio a este complejo proceso, el mayor desafío será definir claridad y buen criterio cuáles son los objetivos razonables que pueden plantearse. En este sentido, definir qué es lo que cabe dentro de la discusión constitucional será tan importante como decidir qué es lo que excede su ámbito. El segundo gran desafío será no permitir que el proceso constituyente monopolice la agenda nacional en circunstancia, precisamente, que mucha de la insatisfacción ciudadana tiene que ver con temas por completo ajenos a la Constitución, como pensiones, sueldos y salud, entre otros.