Editorial

Protección del empleo: en la dirección correcta

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l gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de ley cuyos objetivos son proteger el empleo y fortalecer el Seguro de Cesantía, para así atenuar el probable impacto negativo de la actual crisis en los trabajadores. La primera medida permite a trabajadores y empleadores reducir hasta en un 50% la jornada laboral por un máximo de cinco meses. La remuneración puede reducirse en la misma proporción, junto con un complemento de cargo del Fondo de Cesantía Solidario, de hasta un 25% de su remuneración imponible, compensando parcialmente el menor salario que percibirá temporalmente el trabajador. Una vez expirada la vigencia del pacto, se deben reestablecer las condiciones iniciales. Adicionalmente, se establece que esta opción es factible sólo para empresas que efectivamente puedan acreditar perjuicios en su situación financiera, con condiciones definidas en el proyecto.

La segunda medida disminuye los requisitos de acceso al seguro de cesantía, rebajando el número de cotizaciones mínimas exigidas y aumentando la tasa de reemplazo en los primeros giros del seguro, ambas modificaciones tanto para los contratos indefinidos, como para aquellos a plazo fijo.

Este proyecto parece ser un paso en la dirección correcta, ya que entrega a los empleadores una opción frente a la necesidad de despido, ofreciendo también a los trabajadores algún grado de seguridad de poder recuperar sus condiciones anteriores. Al mismo tiempo, en caso de que el despido se produzca, los trabajadores podrán percibir un subsidio superior en los primeros meses. Es de esperar, entonces, que el proyecto pueda ser aprobado.

No obstante, al igual que el resto de la agenda de reactivación del gobierno, esta medida es sólo un alivio transitorio, bajo el supuesto de que la crisis actual también lo sea. Por lo tanto, evitar que se profundicen los problemas sociales, una de las causas del estallido de violencia, sigue siendo función principalmente de que el país recupere condiciones de normalidad en su funcionamiento. Restablecer el Estado de Derecho es una condición necesaria para la estabilidad social.

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