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Editorial

Prudencia y transparencia

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Imagen foto_00000001a Subsecretaría de Telecomunicaciones lleva adelante un complejo y delicado proceso regulatorio para abordar el desarrollo e implementación de la tecnología 5G en Chile. Es complejo a nivel técnico, como todo proceso que involucra tecnologías de punta, actores económicos de peso y cuantiosas inversiones de horizonte estratégico; y es delicado, porque de la forma en que sea conducido puede depender que el país esté bien preparado (o no) para aprovechar las oportunidades y enfrentar los desafíos de este revolucionario avance.

En este escenario, la autoridad acusó a las empresas reguladas de realizar "un lobby feroz" en defensa de sus intereses. Al respecto, convendría hacer dos reflexiones.

En primer lugar, de esa forma se asemeja tácitamente al lobby con una acción reprobable, incluso ilegítima. Ello parece olvidar que el país, tras una larga discusión y agitada tramitación legislativa, se dio en 2014 una ley de lobby precisamente para reglamentar dicha actividad, que se considera una forma legítima de abogar por los intereses propios ante el Estado, siempre que se cumplan condiciones minuciosamente detalladas en la propia legislación. De esta manera, la sociedad chilena consensuó que es legítimo y deseable que los regulados puedan plantear sus puntos ante los reguladores. Ahora bien, si el lobby al que aludió la autoridad fue irregular, lo que corresponde es que ello se demuestre y sancione, en aras de la transparencia y la legalidad. Las acusaciones públicas en medio de procesos regulatorios deben ser evitadas, a menos que existan sólidos fundamentos.

En segundo lugar, si la autoridad u otros actores estiman que hay vacíos o deficiencias en la ley de lobby —y habiendo transcurrido tiempo suficiente para detectarlos, como en este caso—, lo correcto es plantear perfeccionamientos a la legislación.

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