Reajuste del sector público
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Sin el acuerdo con la ANEF, lo que no constituye una anomalía, se aprobó el reajuste salarial del sector público, que determinó un aumento de remuneraciones de 4,1% y de 9% para los sueldos más bajos.
Adicionalmente, se congelan los sueldos superiores a $ 6.000.000. Comparado con la inflación de los últimos doce meses, la cifra de 4,1% representa un aumento real casi nulo, y menor a 1% real si se compara con la inflación estimada para 2016.
De esta forma, se constituye en el aumento real más moderado en bastante tiempo, tanto si consideramos inflación pasada como inflación del año posterior al reajuste. Esto evidencia dos hechos significativos; la cada vez más evidente estrechez de recursos fiscales y la conciencia de este problema dentro del Ministerio de Hacienda.
Debe considerarse que cada punto de reajuste tiene un costo fiscal cercano a US$ 300 millones, cifra similar al monto de recursos adicionales destinados a la gratuidad en la educación superior.
Adicionalmente, con datos de la CASEN se puede demostrar que se mantiene un "premio" salarial para los empleados públicos en relación a los del sector privado de algo más de 4%, cuando se comparan trabajadores similares en edad, género, jornada y escolaridad. Este premio es el doble para los trabajadores de ingresos más bajos, lo que hace poco recomendable esta política de reajustes escalonados de acuerdo al nivel del ingreso.
De mantenerse esta tendencia, será cada vez más difícil captar profesionales de excelencia para el servicio público, lo que atenta en contra de una mejor gestión del aparato estatal.
