Reglas más claras para la inmigración

Tras una discusión de casi ocho años -otro signo de un ritmo legislativo no acorde con los tiempos en materias de importancia, como la reforma de pensiones, entre otras-, el Congreso aprobó en diciembre pasado la nueva Ley de Migraciones, que el Gobierno acaba de promulgar.

No era la antigüedad per se de la ley anterior, que databa de 1975, lo que imponía cambiarla, sino la necesidad de adecuarla a una nueva realidad. Lo cierto es que el masivo flujo de inmigrantes a Chile en el último quinquenio —preponderantemente haitianos y venezolanos— precipitó el cambio de una normativa ya sobrepasada hacía años por el contexto migratorio regional del siglo XXI. Consecuentemente, El Gobierno ha puesto énfasis en que de una Ley de Extranjería, se transita a una de Migraciones, que se preocupa de promover tanto los derechos de los extranjeros en el país, como sus deberes y obligaciones.

La ley complementa otras medidas de orden administrativos adoptadas en años recientes para paliar diversos fallos en la política migratoria que, por ejemplo, habían resultado en la permanencia irregular o sin permiso de trabajo de más 200 mil extranjeros, y en un proceso de solicitud de visas lento, engorroso e incierto que no velaba adecuadamente por los intereses de ninguna de las partes. La regularización de ese registro, un mejor sistema de visas y la digitalización de varios procesos son algunos de los avances que con la nueva ley tienen más posibilidades de continuar y profundizarse.

Por razones históricas, Chile es consciente de las muchas formas en que la inmigración enriquece y aporta al tejido nacional. Sin embargo, para que eso ocurra es preciso que existan reglas claras y adaptadas a la realidad contemporánea, que protejan los derechos de extranjeros y nacionales. Un proceso migratorio ordenado y transparente garantiza esto de mucha mejor manera que la inmigración irrestricta que algunos han llegado a sugerir por motivos humanitarios.