Editorial

Renuncia en Interior

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s difícil imaginar que los ciudadanos perciban que la renuncia del hoy ex ministro del Interior, activamente buscada por la oposición, los beneficie de alguna manera. Justamente cuando el país está sumido en una severa crisis económica y sanitaria -pero sobre todo cuando la seguridad está muy presente en la agenda pública debido a la amenaza de rebrotes violentos y la situación en La Araucanía, entre otros-, las fuerzas opositoras vuelven a recurrir al mecanismo de la acusación constitucional para forzar la salida de un ministro.

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Como han señalado numerosos expertos jurídicos de un amplio espectro, la acusación constitucional parece haberse transformado en una herramienta política utilizada casi indiscriminadamente para presionar al Gobierno, en lugar de ser un recurso extraordinario para situaciones excepcionales. Los ocho libelos presentados durante el actual período -tres de ellos aprobados en la Cámara de Diputados- avalan esa interpretación sobre el uso político de este instrumento.

La lectura sobre esa actitud que hacen el oficialismo y el Ejecutivo tiene, lamentablemente, sustento: la intención de una parte importante de la oposición por trabar la acción del Gobierno e infligirle costos en momentos en que su capital político está disminuido (en buena medida por errores propios, no ajenos). El objetivo de corto plazo es también previsible: marcar presencia en un año que será intensamente electoral -constituyentes, cores, alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, Presidente-, y por tanto intensamente político.

Desde luego, ello podría brindar la oportunidad de que los chilenos hicieran de 2021 un año intensamente ciudadano. Eso dependerá mucho de que la clase dirigente y los actores políticos muestren una capacidad de conducción y voluntad de acuerdo que se ha echado en falta en época reciente. Y exigirá de los electores, por cierto, altas dosis de civismo y reflexión. Todo lo cual se dificulta en un clima en que proliferan las acusaciones constitucionales con más sentido político que sustento jurídico.

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