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Editorial

Responsabilidad fiscal en tiempos complejos

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a compleja coyuntura política y social ha obligado al gobierno a reforzar su agenda social, a través de un conjunto de iniciativas en el ámbito de pensiones, salud, medicamentos, ingreso mínimo y estabilidad de las tarifas eléctricas. Ello tendría un costo estimado de US$ 1.200 millones, y su financiamiento va a requerir, más allá de eventuales reasignaciones, un mayor endeudamiento público -o mayor uso parcial de los fondos de reserva- por un monto de al menos US$ 600 millones. Esto significa que no se podrá cumplir la trayectoria de convergencia del balance fiscal estructural en los términos comprometidos al inicio de este gobierno.

Visto como un hecho puntual no revestiría mayor gravedad, pues una desviación transitoria y acotada de las metas fiscales no sólo es entendible en estas circunstancias, sino también deseable desde la perspectiva del desarrollo de mediano y largo plazo. El problema surge cuando se pierde el ancla de referencia, y cualquier desequilibrio fiscal empieza a ser justificado como necesario para enfrentar las múltiples demandas sociales que copan la escena, y las presiones por más recursos empiezan a florecer en el marco de un debate público “sin orilla”.

En este sentido, cabe valorar que el ministro de Hacienda convocara en forma extraordinaria al comité de expertos que debe pronunciarse sobre el crecimiento tendencial del PIB para los próximos años. Este es un insumo fundamental -junto al precio del cobre- para elaborar el presupuesto público en el marco de la regla estructural que el país adoptó hace más de dos décadas como guía para la política fiscal, lo que ha permitido acceder a financiamiento internacional en inmejorables condiciones.

No cabe duda de que este año y el próximo habrá que “saltarse” la regla fiscal en los términos inicialmente planteados, pero ello debe hacerse en un marco acotado, sin un aumento excesivo de la deuda pública -los fondos de reserva existen precisamente para afrontar eventos excepcionales-, y generando condiciones para que en un plazo razonable se puedan retomar las metas que son compatibles con una estabilidad fiscal de mediano y largo plazo.

Dejar de lado este principio básico podría engendrar una inestabilidad social aún mayor en el futuro, como lo muestra la experiencia de países con menor disciplina en el manejo ordenado de sus finanzas públicas.

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