Editorial

Royalty minero: muchas dudas y riesgos

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rosigue su avance en el Senado el proyecto de royalty minero que busca remplazar el actual impuesto específico al sector. El hecho de que continúe su tramitación es en sí mismo preocupante, pues persevera en la práctica parlamentaria inconstitucional de abordar materias de índole tributaria, como ha señalado el gobierno insistentemente. De ahí que resulte paradójico que, junto con criticar dicha inconstitucionalidad, senadores oficialistas sean partidarios de que el Ejecutivo responda a la iniciativa de royalty presentando su propio proyecto.

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El texto que se discute actualmente establece un impuesto sobre las ventas de mineral, en el lugar de gravar las utilidades, como hace el impuesto específico a la minería. El riesgo, como han señalado expertos de la industria, es que con los precios actuales del cobre a nivel internacional, la tasa de tributación sobre las utilidades que está implícita en el royalty podría en algunos casos llegar a 80%. De ser así, Chile dejaría de estar en línea con otros países mineros importantes (en torno al 40%), y vería seriamente afectada la competitividad de largo plazo de la industria, con el riesgo de que los yacimientos económicamente marginales podrían quedar fuera de carrera .

En la industria existe disposición a discutir un aumento de la recaudación tributaria que la minería entrega al Fisco, pero sea cual sea el mecanismo que finalmente prospere, es importante que la tasa de tributación que se establezca sea sobre la utilidad o sobre el margen -y no sobre las ventas-, para evitar que las operaciones con mayores costos se tornen inviables.

En otros países con sectores extractivos relevantes hay un debate en curso sobre el nivel de impuestos que pagan, lo que perfectamente puede replicarse en Chile. Lo fundamental es que cualquier discusión asegure, por un lado, el respeto a la Constitución como premisa básica; y por otro, que la carga tributaria produce sea competitiva con la que se aplica en otros países mineros. El peligro de desincentivar inversiones necesarias para la recuperación económica post pandemia es muy real.

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