Servicios mínimos y freno a negociaciones

A nivel de abogados laboralistas se asegura que lo que está ocurriendo en materia de negociaciones colectivas es simplemente “la crónica de un problema anunciado”. En efecto, a dos meses y medio de la entrada en vigencia efectiva de la reforma laboral promulgada a fines del año pasado, varios procesos de negociación colectiva en desarrollo están dando señales de retraso, en lo que algunos califican como una nueva fase de conflicto, previo al que tradicionalmente se asocia a estos procesos reglados: la huelga.

Se trata del proceso de definición de servicios mínimos, tanto a nivel de industrias y de empresas puntuales, como está siendo el caso de un banco ligado a una cadena de multitiendas. Aunque podría argumentarse que son las fricciones y ajustes propios de la puesta a tono de una nueva normativa y que los procesos futuros serán más expeditos, lo cierto es que a la luz de las 2.539 negociaciones previstas sólo para este año y las que vencerán en los próximos dos, resulta altamente probable que la tónica en meses venideros sea la de latas disputas previas a la negociación, en donde las partes tendrán la vista puesta, más que en el logro de un acuerdo, en los preparativos de un eventual conflicto.

De otro lado, esta dinámica tiene el costo de dejar a un servicio público como la Dirección del Trabajo, que los expertos estiman ya se encuentra al borde de sus capacidades, aún más presionado por las circunstancias, tratando de zanjar diferencias que previsiblemente serán de difícil resolución y que, de paso, involucran la incómoda función de definir qué trabajadores dentro de los que potencialmente irían a huelga, a partir de ahora no podrán hacerlo en plenitud, al quedar como servicios mínimos.