Sobre exenciones, una discusión sin anteojeras

l Gobierno estaría preparando el terreno para presentar durante el primer trimestre del próximo año un proyecto de ley que ajusta o elimina una serie de exenciones de impuestos y regímenes especiales, los que estarían costando al Estado cerca de US$ 9.000 millones al año en diversos sectores de la economía. Ese fue uno de los temas acordados a fines de 2019 para destrabar la reforma tributaria y seguramente suscitará intenso debate en el Congreso durante 2021, en un clima intensamente politizado por el nutrido calendario electoral.

Desde luego, este es un tema de larga data y compleja tramitación legislativa, dadas las presiones de distintos grupos para mantener beneficios tributarios que, en algunos casos y por diversos motivos, pueden encontrar hoy escasa justificación desde el punto de vista de la política fiscal. Que el diésel (más contaminante) pague una cuarta parte del impuesto que pagan las gasolinas es mencionado a menudo como un ejemplo de lo anterior. Revertir eso iría en línea con recomendaciones de la OCDE y el FMI, que también sugieren medidas como acabar de forma gradual con las devoluciones de hasta 80% que benefician a las empresas del transporte, así como mejorar el diseño del impuesto a los alcoholes, entre otras.

Dicho esto, es clave entender que las exenciones tributarias son herramientas del sistema tributario que buscan incentivar inversiones en determinadas áreas o impulsar el desarrollo de otras, entendiendo que el costo de una menor recaudación fiscal se equipara con mayor actividad y externalidades positivas de distinto tipo: más recursos para regiones, contratación de mujeres y jóvenes, fomento de pequeñas empresas, adopción de tecnología, etc.

Una vez definido el proyecto del Ejecutivo, al momento de tramitarse en el Congreso debe primar un foco técnico que ha escaseado en otras discusiones, como la previsional. En los cambios para modernizar al sistema tributario se juega mucho más que puntos en el tablero político.