Editorial

Sobre las preocupaciones para 2021-2022

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na encuesta realizada en agosto por la Asociación de Empresas Familiares (AEF), consignada en nuestra edición de ayer, mostró algunas de las principales preocupaciones de ese relevante grupo de inversionistas para el corto y mediano plazo en el país. La inestabilidad política fue el riesgo más mencionado (74,4%) para los años 2020 y 2021, mientras que el orden público y la crisis económica ocuparon el segundo lugar (61%).

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Aunque se trata de la visión de un conjunto de actores en particular, no deja de reflejar un análisis que actualmente es bastante compartido, incluso desde distintas veredas políticas: que la incertidumbre sigue marcando todas las proyecciones, no sólo las económicas y financieras. Ello sería más entendible si se refiera solamente a la pandemia y sus efectos —que en medida importante son factores imponderables—, pero lo cierto es que los temores se asocian mayormente a problemas sociales y políticos en esencia autoinfligidos.

El plebiscito constitucional es uno de ellos, pues a pesar de que nació de un acuerdo político para generar unidad, por diversos motivos es hoy causa de división (por las visiones radicalmente contrapuestas sobre la legitimidad del proceso en sí y el sentido de una nueva Constitución, como se ha visto en las franjas televisivas) como de incertidumbre (pues a semanas de celebrarse aún no es claro ni cómo se hará realmente ni cómo será recibido el resultado, sea cual sea, ni lo que ocurrirá después). A ello se suma que la sombra del aniversario del 18-O ya amenaza con algún tipo de rebrote violento. Los procesos electorales que desde ya se prevén inusualmente polarizados y que marcarán el próximo año, culminando en la contienda presidencial, vuelven aun más complejo este panorama.

Al contrario del coronavirus, estos son problemas cuya solución depende principalmente de factores internos, en especial de un sentido de la responsabilidad política que se ha echado en falta en importantes decisiones recientes. Que la inestabilidad política y el orden público sean vistos como riesgos en el Chile del siglo XXI es un retroceso que debe alertarnos.

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