Un enfoque que se debe replicar

l gobierno acaba de lanzar el programa “Todos al aula”, cuyo objetivo central es aliviar la carga de trámites y requisitos burocráticos que enfrentan los colegios en su relación con la institucionalidad educativa. Un propósito que parece aun más pertinente en vista de cómo dicha institucionalidad se ha complejizado en los últimos años por efecto de diversas reformas.

Lo interesante de esta iniciativa no es sólo la intención de hacer más eficientes los procesos administrativos —una ecuación entendible y aplicable en otros ámbitos—, sino el razonamiento detrás de su enfoque: la excesiva burocracia no es simplemente un incordio o un gasto en tiempo y recursos, sino un obstáculo importante para mejorar la calidad de la educación.

Vale la pena replicar este enfoque en otros ámbitos de la acción gubernamental y ésa parece ser la intención del Ejecutivo. Por ejemplo, la nueva oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) tendrá en la mira los más de 200 proyectos de inversión que hoy están paralizados —por unos US$ 65.000 millones, con 250.000 puestos de trabajo—, el 52% de los cuales se encuentra en etapa de tramitación. Aquí también un porcentaje relevante de la carga burocrática —sea por excesiva o por mal concebida—, se convierte en freno al desarrollo.

Lo mismo es válido para numerosas áreas en las que el Estado chileno, de muy postergada modernización, ha ido acumulando “grasa”, reduciendo su capacidad de respuesta y la calidad de los servicios que entrega a sus mandantes, los ciudadanos. Es bueno recordar que el peligro de largo plazo no es únicamente de rendimiento y eficiencia, sino también de legitimidad política: está bien documentado que las falencias del Estado terminan siéndole achacadas al sistema democrático por una ciudadanía insatisfecha.

Todo esfuerzo dirigido a remover esas barreras y reducir esos peligros —sin debilitar el indispensable rigor y acuciosidad de los procesos de tramitación— parece una buena inversión.