Un puente hacia 2019

espués de doce meses con tantas noticias de alto impacto en Chile y en el mundo, revisamos nuestros editoriales de 2018 en busca de las grandes líneas que nos ayudaran a entender el período, y a proyectar algunas de sus consecuencias en 2019.

LA POLÍTICA

Un rasgo esencial definió al año que acaba de terminar: fue el primero del actual gobierno, sucesor de una administración que, por diversos motivos, dejó atrás un cuadro económico y político abundante en problemas. Sobre lo hecho en su etapa inicial se empezará a construir, desde hoy mismo, una parte importante de la obra del segundo mandato de Sebastián Piñera, incluyendo quizás la posibilidad de dejar La Moneda en manos de su coalición hasta 2026.

Si la tarea política fundamental del primer año fue impulsar una serie de reformas y modernizaciones estructurales que el país requiere con urgencia —en impuestos, previsión, trabajo, regulación digital y otros—, la de 2019 será sin duda asegurar que lleguen a buen puerto y que su trámite parlamentario no se vuelva una ocasión de enarbolar banderas ideológicas por mero afán de obstruccionismo.

Para esto parece existir un ambiente, en líneas generales, favorable. Contrariamente a lo que ocurría en el cuatrienio anterior y salvo excepciones, tanto desde la oposición como el oficialismo se rescata el valor clave del diálogo en aras de aprobar mejores reformas que estén legitimadas por el consenso más amplio posible. A través de distintos liderazgos se percibe un cierto retorno del espíritu constructivo que caracterizó a períodos de gran avance para Chile en el pasado. Los desafíos del presente y del futuro inmediato son tantos y tan complejos, que sólo pueden enfrentarse con responsabilidad y visión de Estado.

Con matices y con distintos resultados, lo anterior está provocando debates y esfuerzos de introspección en las principales fuerzas políticas, tanto antiguas como de nuevo cuño. En la oposición y el oficialismo hay nuevos actores que agregan diversidad y obligan a plantear reflexiones sobre la identidad y sus límites, sobre los propósitos y los medios. Estos procesos pueden canalizarse de diferentes maneras, pero la historia enseña que el mejor camino es rara vez la rígida ortodoxia —del signo que sea—, y que se encuentra más fortaleza enfatizando lo común por sobre la diferencia. El debate sobre qué significa ser de “izquierda” o “derecha” en el siglo XXI puede ser fuente de ideas novedosas y valiosos aportes.

Esa disposición de ánimo —al diálogo y el análisis que acercan a la comprensión— es la que debe prevalecer en el gran tema país que debe permanecer en la agenda en 2019: la conflictividad en La Araucanía. El cuadro allí se inicia más complejo que hace un año, con antecedentes positivos como la prioridad que el Ejecutivo ha dado a esta problemática y su auspicioso plan para abordarla, y otros lamentables como el aumento de la violencia terrorista, la muerte de Camilo Catrillanca y la inaceptable actuación de Carabineros en ese caso, que detonó una inédita remoción por orden presidencial de gran parte del alto mando de la institución. Mucho se juega en la forma en que el sistema político aborde este problema de ahora en adelante.

LA ECONOMÍA

El variable nivel de las expectativas de crecimiento marcó en gran medida la discusión económica del año pasado, para terminar en un relativo consenso de dinamismo moderado para 2019 en torno al 3,5%. Es otra estadística positiva que se suma a otras como la recuperación de las inversiones y el control del gasto fiscal —aunque no todavía mejoras sustantivas en el empleo, sólo incipientes—, lo que debería suponer un mejor pie para que el gobierno continúe impulsando su agenda de modernización económica, aunque sin grandes holguras.

Por otra parte, la cuarta revolución industrial se encargó de poner sobre la mesa desafíos que exigirán grandes esfuerzos de adaptación tanto a los actores del mercado como a los legisladores y los reguladores. La economía digital finalmente ha irrumpido en nuestra agenda pública y privada a través de innovaciones como la Ley Uber, los impuestos digitales, las ventas de Cornershop y Linio, las amenazas a la ciberseguridad, la regulación FinTech, la inteligencia artificial y la automatización, el teletrabajo y otras. Eso fue sólo el inicio. De la forma en que nos preparemos para estos y otros cambios de la revolución tecnológica —la educación y la salud son otros dos— depende que Chile alcance el desarrollo.

A nivel internacional, la guerra comercial entre Estados Unidos y China —producto del ímpetu proteccionista del Presidente Donald Trump y su agenda “América primero”— fue el principal hecho económico del año pasado y lo seguirá siendo en el futuro previsible, pese a recientes (pero no sin precedentes) señales de distensión entre Washington y Beijing. Si persiste esta pugna comercial, peor aun si se profundiza, los efectos que hasta ahora han sido relativamente acotados serán perjudiciales para el mundo entero, en especial para economías abiertas como la chilena. Detrás de esto hay un enfrentamiento geopolítico entre los dos mayores potencias del planeta que va mucho más allá de los aranceles, de ahí que las fórmulas de solución excedan lo puramente comercial.

Por otro lado, el fin del estímulo fiscal después de diez años cerró un ciclo para la economía mundial. El término de la política fiscal expansiva repercutió duramente en muchos mercados emergentes, que vivieron fuertes crisis por esa razón. El ajuste a la nueva realidad seguirá teniendo consecuencias en 2019. Aunque impopular, para algunos gobiernos ello puede ser una ventana de oportunidad para el manejo económico responsable y la adopción de reformas pendientes.

OTROS FOCOS

La inmigración acaparó la agenda en muchas partes, por variadas razones. En Europa, los efectos de la guerra en Siria y el masivo ingreso ilegal de norafricanos pobres tuvieron repercusiones políticas en todos los países receptores (especialmente en Alemania, Italia, Francia y España, pero también Hungría, Grecia y otros). En Estados Unidos, la controvertida política migratoria de la Casa Blanca fue noticia todo el año, en especial la detención de inmigrantes en la frontera, con la posterior separación de padres e hijos. De hecho, el año terminó con el cierre del gobierno federal por la negativa del Congreso, precisamente, a financiar el muro con México, pilar del programa de Trump. En América Latina, en tanto, la crisis venezolana produjo la mayor diáspora regional en memoria reciente, impulsando medidas migratorias e intensos debates en los países de destino, entre ellos el nuestro. Esta llegada de cientos de miles de inmigrantes es una mezcla de desafío político, económico y social que ningún gobierno podrá minimizar, mucho menos eludir.

Mirando a Europa, la gran interrogante sigue siendo cómo se desarrollará la difícil (por algunos muy resistida) salida del Reino Unido de la Unión Europea. Las fricciones que el Brexit ha generado entre Londres y sus socios europeos —con Bruselas al centro—, y las dificultades políticas que ha causado a la Primera Ministra Theresa May, hacen difícil prever su resultado. Lo cierto es que hasta ahora, británicos y europeos pueden ver muy claramente los costos del Brexit, no así sus beneficios.

En otros ámbitos, los escándalos de corrupción sacudieron a varios países de nuestra región, generando crisis de variada magnitud. En Brasil y Perú la corrupción forzó cambios de gobierno; en Colombia se hizo sentir el caso Odebrecht; en Argentina salieron a la luz los desfalcos y sobornos de la administración Kirchner; Venezuela cayó al fondo del ranking de transparencia, con funcionarios y ex funcionarios detenidos en EEUU por diversos delitos; en Chile se conocieron fraudes en Carabineros y las FFAA.

Aquí parece existir un desafío tanto de orden político como regulatorio. Si han de prevalecer las instituciones de la democracia —con su complejo entramado de libertades, derechos y obligaciones—, los ciudadanos y sus líderes deben hacer valer sus principios y cumplir sus reglas. Por otro lado, la corrupción es también un azote al buen funcionamiento del libre mercado y la competencia que requiere la acción inteligente del Estado, lo que a su vez resalta la importancia de modernizar un aparato estatal que en numerosos ámbitos se ve superado por las exigencias del cambio tecnológico, pero también social.