Una acusación que daña a las instituciones

as expresiones con que los diputados de oposición celebraron ayer la aprobación de una acusación constitucional en contra del Presidente de la República dicen mucho sobre el carácter político-electoral (teñido de fuerte animosidad) y el débil sustento jurídico del libelo, que ahora debe ser aprobado o rechazado en la Cámara Alta.

El diputado acusador lo describió como un "homenaje y reconocimiento a todas las familias que han sufrido por este Gobierno"; otra parlamentaria se refirió a la presunta responsabilidad del Presidente "como autor de graves violaciones a los derechos humanos"; mientras que un tercero festejó "el fin de la impunidad de Sebastián Piñera".

En primer lugar, la acusación -gatillada a raíz de las revelaciones de los llamados Pandora Papers- se refiere a presuntos actos del mandatario en su anterior gobierno, no el actual; segundo, se le acusa por eventual incompatibilidad de intereses en la compra de una minera, no de violaciones a los DDHH; tercero, no es el Congreso el llamado a terminar con ninguna "impunidad", pues ya existe una investigación abierta por el Ministerio Público, la institución que corresponde para este efecto.

Sin embargo, más grave y decidora es la aserción de que con la acusación "queda en evidencia la falta de legitimidad que tiene el Presidente". La legitimidad del mandatario se obtuvo en las urnas y eso no está en duda. Pero la oposición en el Congreso, como ya lo expresó en 2019 al impulsar sin éxito un primer libelo, persigue la destitución del mandatario a toda costa, incluso a dos semanas de la elección presidencial y a cuatro meses del fin del gobierno.

Esto desprestigia aun más a un Congreso que ha trivializado esta importante herramienta legislativa al usarla con fines patentemente políticos. Pero sobre todo debilita a la institucionalidad democrática -así como la imagen de Chile en el exterior-, y contribuye a la desconfianza y escepticismo de los ciudadanos respecto de su sistema de gobierno.

Esto último es lo que abre la puerta a liderazgos populistas e irresponsables, de los que en el país ya hay notorios exponentes. Visto así, la responsabilidad del Senado no será defender al Presidente, sino al correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.