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Editorial

Una agenda ambiental conocida y coherente

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or un lado, ha trascendido en la prensa que el gobierno estaría estudiando el cierre de la fundición Ventanas de Codelco, ubicada en el problemático sector de Quintero y Puchuncaví, de lo cual sus trabajadores no habrían tenido noticia. Por otro, declaraciones del Presidente Piñera y su ministro de Energía aluden, sin dar precisiones, a acelerar los plazos para descarbonizar la matriz energética del país, acordados con los privados recién en junio pasado.

Lo primero ha motivado que los sindicatos de la minera estatal se declaren preocupados y “en alerta”; lo segundo provocó la extrañeza de algunas firmas de energía, que se ciñen al cronograma de 2040 para la descarbonización total (10 años antes que la meta de la ONU, como recalca el Ejecutivo con insistencia).

La protección del medio ambiente —claramente una agenda políticamente rentable en el año que Chile organiza la COP25 y el “new green deal” se tomó por completo la reciente asamblea general de la ONU— podría terminar siendo una fuente de problemas para el gobierno. El eventual cierre de Ventanas es un proceso extenso y complejo que involucra una serie de mecanismos institucionales, así como un análisis de fondo sobre las razones y consecuencias de una medida como ésa. De igual forma, el período fijado oficialmente para descarbonizar la matriz, que requiere un plan de inversiones por parte de las empresas, no puede acortarse por anuncio de la autoridad sin que se entreguen detalles y justificaciones.

Recientemente levantó polémica la opinión de que el mundo empresarial, en un afán de mostrar sintonía con el espíritu de conservación ecológica de la COP25, podría terminar —paradojalmente— apoyando un discurso crítico del crecimiento económico y contrario desarrollo (y por ende, opuesto al interés de las propias empresas). El mismo riesgo corre para el gobierno, que junto con impulsar una agenda medioambiental decidida, debe desplegarla en formas que faciliten su camino, no lo contrario.

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