Una agenda país en infraestructura

a aceleración de inversiones en infraestructura por un valor que ronda los US$ 1.400 millones —con efectos que el gobierno espera sean visibles a partir de 2020— es un eje clave dentro del plan de reactivación de la economía que ha propuesto el Ejecutivo. El recientemente creado Fondo de Infraestructura ya trabaja en una potencial cartera de iniciativas y el nuevo ministro de Obras Públicas se ha reunido con representantes de la industria para dar impulso a esa agenda. Como correctamente señaló el titular del MOP a este diario, “hay una tarea del sector privado de entusiasmarse en esto”.

La infraestructura para el desarrollo en el siglo XXI es, al mismo tiempo, una asignatura pendiente y un enorme campo de oportunidades para el crecimiento económico, el empleo y el progreso. Solamente el déficit en infraestructura aeroportuaria ilustra sobradamente tanto lo que falta por hacer como lo que se puede lograr en esa área estratégica. Reflexiones similares se pueden hacer en temas como autopistas, puertos, generación energética, telecomunicaciones y otros.

Con todo, la voluntad política y el ímpetu comunicacional no pueden obviar factores que dificultan, en mayor o menor grado, los objetivos señalados. Así, por ejemplo, eliminar ciertos “lomos de toro” en materia de normas y permisos ayudaría a destrabar no pocas iniciativas. En este sentido, esta edición consigna un paso positivo en el mecanismo de resolución temprana de conflictos en contratos públicos que estudia el MOP. Por otro lado, según explicó a Diario Financiero el secretario ejecutivo del Consejo de Política de Infraestructura, la creación y mantención de un adecuado stock de proyectos —en sí mismo un aspecto crucial— depende en buena medida de cambios institucionales en el ministerio.

Los anuncios del gobierno en esta materia son bienvenidos. Falta, quizás, presentarlos en el marco de una estrategia de largo alcance que les dé un sentido de conjunto.