Una discusión tributaria sin anteojeras

xiste un consenso técnico bastante transversal —no así en lo político— en cuanto a que la reforma tributaria de 2014 introdujo algunos cambios que deben ser corregidos, entre los principales, la desintegración del sistema de impuestos. Si bien el objetivo que ésta perseguía era una mayor equidad, en la práctica resultó regresiva (pues aplica la misma tasa de 9,45% a empresarios grandes y pequeños), complejizó innecesariamente el sistema de tributación y no cumplió sus metas de aumentar la recaudación.

Es por ello que regresar a un sistema integrado se considera el “corazón” del proyecto de reforma tributaria del actual gobierno. Y es por eso que el Ejecutivo y su coalición celebran que la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobara dicha medida este lunes. Que ello se lograra sólo gracias al voto disidente de un diputado DC da cuenta de cuán polarizado se ha vuelto el debate, secuestrado por consignas que desvían por completo el foco de los argumentos técnicos —a favor o en contra— que deberían predominar en una discusión de tanta relevancia.

Desde el punto de vista de la calidad de la reforma tributaria en trámite, se trata de un paso adelante, pero si bien el gobierno parece contar con los votos para seguir avanzando en la sala de la Cámara (como señala nuestra nota en páginas 16 y 17), el cuadro político se ve más complejo en el Senado, donde el rechazo de la oposición al sistema integrado se muestra unánime hasta ahora.

Precisamente de la Cámara Alta debería esperarse un debate más ponderado y centrado en lo técnico, menos condicionado por el cálculo político de corto plazo y la retórica efectista, ya que una reforma al sistema de impuestos tiene consecuencias profundas para la economía en el largo plazo. Esta, por cierto, debería ser la lógica que prime en la discusión de otras reformas estructurales, como la laboral y la previsional.