Editorial

Violencia en el 18-O: la ciudadanía secuestrada

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o más desalentador de la jornada del lunes para conmemorar dos años del 18-O no fue la violencia de las imágenes -por desgracia a estas alturas bien conocida por la opinión pública-, sino su reiteración, confirmando que el vandalismo y las agresiones se han vuelto elementos tan desoladores como habituales en muchas de nuestras ciudades.

Nuevamente, los chilenos vieron este lunes postales de un tipo de violencia urbana que únicamente había amainado gracias a la pandemia, pero que había continuado en forma intermitente y menos intensa desde octubre de 2019 hasta la actualidad, sin que el Estado haya logrado ponerla bajo control. La propia Convención Constitucional, que nació del estallido de violencia del 18-O, sufrió anteayer las consecuencias de esa incapacidad.

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Incendios, saqueos, barricadas, desmanes, cierres de calles y estaciones de Metro, agresiones contra la policía, decenas de heridos e incluso dos muertos. Es difícil evitar una penosa sensación de empobrecimiento de nuestra convivencia cuando hechos de este tipo se vuelven lo predecible y no la excepción (ver páginas 2 y 3).

Que estos delitos sigan patrones conocidos de fechas, horarios, lugares, "formas de acción" y perfil de los violentistas, habla de una alarmante incapacidad de las instituciones del Estado para cumplir con su principal responsabilidad de garantizar el orden público y la seguridad de las personas. Si las autoridades no pueden frenar a quienes ellas mismas califican como "desadaptados", "antisociales" y "delincuentes", cuesta imaginar cómo enfrentarían una amenaza más organizada y sofisticada. La señal que envía este fracaso es ominosa.

Pero más grave aun es la señal que envía esa parte del mundo político que todavía rehúsa condenar sin matices la violencia, y que sigue validándola -tácita o explícitamente- como expresión inevitable, según ellos, de demandas sociales insatisfechas. Si el Congreso debate indultar delitos como los anteriores con ese argumento -y si hay candidatos presidenciales que lo avalan-, sólo cabe esperar el beneplácito de los violentistas y la continuación de los desmanes. Quienes pierden son los ciudadanos.

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