La millonaria batalla de los testamentos en Traiguén

El abogado Enrique Stappung llegó el lunes 19 de febrero de 2018 muy temprano hasta las oficinas del Juzgado de Garantía y Letras de Traiguén para dar inicio a la apertura de un documento que había permanecido bajo custodia, en su caja fuerte, durante una década. Se trataba del testamento secreto de la agricultora de la zona Lidia Villiger Klein, que finalmente revelaría el destino de una fortuna avaluada en más de $ 2 mil millones, y que era aguardado con expectación por sus herederos.Grande fue, sin embargo, la sorpresa del albacea y expresidente regional de Renovación Nacional al enterarse de que cinco días antes, el ingeniero Ricardo Barría había iniciado ante el mismo tribunal los procedimientos para la protocolización de un nuevo testamento que anulaba lo dispuesto en el documento anterior.

Este certificado supuestamente habría recogido la última voluntad expresada por la millonaria hacendada el 7 de febrero, entre las 10:00 y 10:30 de la mañana, mientras se encontraba en la UTI de la Clínica Alemana de Temuco, horas antes de fallecer, a los 97 años, sin dejar descendencia directa.

Barría, expresidente regional de la UDI, era designado en el escrito como nuevo albacea, y dejaba bajo su administración $ 145 millones para la ejecución de “encargos secretos” de la difunta. El documento aumentaba las asignaciones para otros familiares de la agricultora, pero especialmente para su sobrina Rosemarie Jouannet Villiger, el hijo de ésta, Juan Pablo Spichiger Jouannet, y su hija Michelle, exesposa de Barría, en desmedro de algunas organizaciones de caridad a las que la anciana brindó apoyo durante toda su vida, al igual que de algunos de sus colaboradores más cercanos. El legajo, que carecía de la firma y huella de la titular, era en cambio respaldado por cinco testigos, incluyendo a Barría, que habrían estado presentes en el lugar.

Pese a verse beneficiados por el nuevo documento, tres sobrinos de la millonaria, Jorge Luchsinger Villiger, Erwin Luchsinger Villiger y Errol Jouannet Villiger, lo impugnaron civil y penalmente.

Así empezó a gestarse el proceso judicial que tiene ahora a Barría como principal imputado del delito de falsificación de instrumento privado en calidad de frustrado, además de falso testimonio y presentación de antecedentes falsos, como consumados. Junto con Barría, el fiscal Ricardo Garrido presentó cargos contra los otros cuatro testigos.

En su acusación, la fiscalía sostiene que el acto jurídico nunca se realizó, y que el único testigo que efectivamente estuvo presente en la clínica fue Barría, pero que no tuvo oportunidad de actuar como tal, porque a la hora señalada la anciana había sido trasladada para realizarle exámenes. Las cámaras de seguridad del establecimiento, tampoco habrían dejado registro del encuentro.

Los descargos de Barría

El ingeniero no se amilana y dice a DF que decidió seguir adelante pese a que se le ofreció una salida alternativa. Barría explica que Lidia Villiger no pudo firmar el documento porque ingresó a la clínica afectada por una lesión en su mano derecha, lo que efectivamente consta en la ficha médica. Niega que el documento fuera redactado a última hora, y asegura que llegó hasta la clínica junto a los demás testigos solo para ratificarlo. Afirma que la millonaria deseaba hacer cambios a su testamento hacía varios años, pero que el abogado Stappung se resistió en varias oportunidades a entregárselo. Según consta en una copia de la declaración del jurista a la que tuvo acceso DF, el testamento de 2008 que le asignaba un pago de UF 5.500 correspondiente a honorarios fue redactado tras el robo de un primer documento de 2007 desde la oficina donde se desempeñaba como notario suplente. Tras ser citado en octubre de 2017 para realizar el alzamiento de un usufructo, reconoce en el mismo testimonio, el abogado volvió a ignorar la solicitud de entregar el testamento, aunque precisa que lo hizo interpretando que la anciana se encontraba bajo coacción de Barría y Rosemarie Jouannet.

Según la versión del ingeniero, fue entonces que Lidia Villiger resolvió encargarle la redacción de un nuevo instrumento donde lo designaba como albacea, y explica que la demora se debió a que, sin el escrito anterior, debió comenzar desde cero a recopilar los antecedentes sobre sus numerosas propiedades y activos.

Respecto de la falta de registros en las cámaras de seguridad, argumenta que en una primera instancia la PDI recogió las grabaciones de la UCI, y no de la UTI, donde él sostiene que se celebró el acto jurídico, y que posteriormente hubo nuevos errores debido al cambio en el horario de verano. Para fundamentar su denuncia aporta como evidencia copia de un ecocardiograma que se le practicó a la paciente, que en la ficha aparece registrado a las 9:42, mientras que en el examen figura a las 08:26. También encargó un peritaje a una firma especializada cuyas conclusiones plantean cuestionamientos a la confiabilidad de los videos.

La agricultora Lidia Villiger Klein, murió a los 97 años, sin dejar descendencia. Ricardo Barría, el ingeniero que reclama uno de los testamentos.

No convence a la fiscalía

Pese a los argumentos de Barría, fuentes conocedoras de la posición de la fiscalía señalan que la entidad está segura de que los delitos están suficientemente acreditados. En ese sentido destacan que más allá de eventuales discrepancias en el registro de las cámaras, Barría es el único de los supuestos testigos que aparece en las grabaciones, lo que es respaldado por diversos familiares, empleados y cuidadores de la mujer presentes en el lugar. El ente acusador apuntaría también a la credibilidad de los testigos, de los cuales dos estarían subordinados profesionalmente a Barría, otro habría compartido con él una oficina, y el cuarto estaría vinculado sentimentalmente a su hermana, y no formaban parte del círculo cercano de Lidia Villiger. Ninguno de los testigos, además, quiso declarar en la investigación.

Junto con ello apuntaría a que existían numerosas formas de concretar el acto jurídico, y que el formato elegido por Barría era precisamente el que ofrecía menos seguridad jurídica, siendo que en la ciudad de Temuco existen numerosos notarios que podrían haber actuado como ministros de fe.

Por último, señalaría errores en la redacción del documento, adecuado para una persona que tiene herederos forzosos, mientras que la agricultora falleció sin hijos, lo que reflejaría falta de conocimientos jurídicos e improvisación, socavando la versión de que la anciana inició oportunamente la redacción de su última voluntad. Por otra parte, la asignación de los $ 145 millones a Barría para la ejecución de encargos secretos sin ninguna supervisión sería una fórmula completamente irregular.

Seguirán esperando

Los argumentos están así planteados y corresponderá a la justicia resolver. Pero Barría asegura que va a perseverar, y en caso de fallo adverso está decidido a apelar, lo mismo que espera de la parte querellante, por lo que prevé que el caso terminará en la Corte Suprema, lo que podría ocurrir en hasta cinco años.

Eso significa que los herederos de Villiger tendrán que seguir esperando, incluyendo algunos de los trabajadores de sus campos e instituciones que la hacendada quiso beneficiar, como un hogar de ancianos y el Cuerpo de Bomberos de Traiguén.