¿Público o reservado? El dilema del registro de dueños finales de empresas

Compañías controladas por otras sociedades o empresas que se encuentran al final de una complicada cadena de control. Todo ello dificulta la labor de identificar a su verdadero dueño. El Ministerio de Economía junto a representantes de diversos sectores pro transparencia están elaborando una propuesta para el proyecto de ley que busca establecer un registro de propietarios finales de las empresas que operan en Chile.

La medida, que forma parte de la "agenda anti abusos", lanzada en noviembre del año pasado por el gobierno, pretende terminar con la opacidad existente en torno a quiénes son las personas físicas que en verdad están detrás de una empresa. Ello, con el fin de facilitar la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo o la trata de personas.

Será una base de datos que permitirá poner nombre y apellido a los auténticos dueños de las empresas. Pero el Gobierno no está seguro si la medida será aplicable a todas las compañías o solo a algunas. Tampoco existe claridad respecto del acceso: si el sistema será de consulta libre para todos o habrá restricciones. Y lo está analizando con expertos.

Proveedoras del Estado

Dentro de las alternativas que estudia el Gobierno está partir con las empresas proveedoras del Estado, obligándolas a entregar la información de sus dueños como requisito para participar en las licitaciones de ChileCompra. En 2019, a través de esa plataforma se transaron más de US$ 10 mil millones y las entidades públicas compraron a casi 53 mil proveedores, muchos de los cuales eran telarañas societarias.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, explicó a DF que transparentar quiénes son los beneficiarios finales de las sociedades comerciales proveedoras del sector público provocará además una mejor gestión y transparencia en las compras del Estado, "al detectar conflictos de interés, concentración de proveedores en las adjudicaciones y concurrencia de inhabilidades".

Palacios sostuvo que el registro "permitirá conocer con mayor detalle el historial de comportamiento contractual previo, tanto de las personas jurídicas que son proveedoras, como de las personas naturales que están detrás de ellas, y permitirá perfeccionar las bases de licitación de Chile Compra y establecer las condiciones de uso de la información del registro de proveedores".

CPC: "Debe ser público"

La idea del registro es aumentar, además, la transparencia corporativa. Según expertos, el sistema podría convertirse a la larga en un desincentivo para la existencia de estos esquemas de control complejos, ya que en este tipo de sociedades no se conoce bien quiénes realmente toman las decisiones. Y siempre existe el riesgo de la extracción de valor por parte del controlador.

Por lo mismo, el presidente de la CPC, Alfonso Swett, sostiene que el registro debe ser público. "Es una medida pro transparencia y como tal la valoramos; más transparencia es indispensable para la confianza de la ciudadanía y el correcto funcionamiento de los actores que interactúan con el sistema económico", argumenta.

La medida también es considerada positiva para el Estado, si se consideran además las millonarias donaciones y transferencias que anualmente realizan las entidades públicas. El director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, aseveró que la información es un muy buen antídoto para el lavado de activos. Planteó que "en el caso de las compras públicas esto permite que no existan duplicidades en las licitaciones públicas, es decir, que una misma persona que tenga distintas empresas pueda participar de una misma licitación, asegurándose el éxito en ella. Saber en el sector público quiénes son los verdaderos dueños ayuda a la sana competencia".

Por lo mismo, la idea también es vista como un arma útil para luchar contra el fraude fiscal y la corrupción. En Europa cada país tiene desde 2017 una base de datos nacional conectada al resto de los registros continentales a través de una plataforma llamada e-justice, que permite el intercambio de información. La directora ejecutiva del Observatorio Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, destacó que "dados los escándalos de corrupción que han afectado a todo nuestro continente, deberíamos hasta pensar cómo impulsar un estándar común para toda la región".

Hasta ahora en Chile, diversos organismos públicos mantienen información de carácter financiero relevante sobre las personas, lo que permite reconstruir historiales. De hecho, existen varias microempresas especializadas en recabar datos de fuentes como Registro Civil, Servicio de Impuestos Internos, Comisión para el Mercado Financiero, Conservador de Bienes Raíces, entre otros para cumplir con la exigencia de la banca de mantener actualizado el registro de las Persona Políticamente Expuestas o PEP y sus redes.

En junio de 2017, la Unidad de Análisis Financiero instruyó a las entidades que fiscaliza a identificar, verificar y registrar los datos de los beneficiarios finales de las personas y estructuras jurídicas de sus clientes, sean estos habituales u ocasionales. Por el momento, ésa es la única base de datos existente. Y no es pública.

Los pilares de la agenda antiabusos

El pasado lunes 9 de diciembre, mediante una cadena nacional, el Presidente Sebastián Piñera anunció la llamada agenda antiabusos, que tiene como fin avanzar hacia un trato justo para todos los ciudadanos, combatir con eficacia cualquier tipo de arbitrariedades y proteger la dignidad de las personas, tanto en el mundo privado como en el Estado. Esta agenda está compuesta por tres pilares:
No más abusos: Tiene como fin combatir con mayor severidad las colusiones y las irregularidades en los mercados, los delitos tributarios y el uso de información privilegiada.
Derechos de los consumidores: Busca que las personas tengan acceso a bienes y servicios de mejor calidad y a menor precio. Además, la iniciativa contempla una modificación al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
Derechos de los trabajadores: Busca proteger mejor los derechos de los trabajadores, a través de una modernización profunda de la Dirección del Trabajo.