CMPC reduce producción de papel en Brasil y enfrenta nueva disputa ambiental por proyecto Natureza
Cambios en su planta Campos Novos involucró la salida de unos 70 trabajadores. En paralelo, para su megaproyecto de US$ 4.600 millones, la papelera necesita modificar los límites de una reserva protegida.
Por: A. Larraín y I. Sciaraffia.
Publicado: Miércoles 18 de noviembre de 2026 a las 12:04 hrs.
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CMPC, compañía ligada al grupo Matte, enfrenta nuevos desafíos en Brasil. Esta vez, la compañía redujo su capacidad de producción de papel en su planta de Campos Novos, ubicada en el estado de Santa Catarina, una medida que implicó la desvinculación de cerca de 70 trabajadores.
Consultada por Diario Financiero, la forestal confirmó el ajuste operacional, aunque aclaró que la planta continúa funcionando y que la decisión responde a las actuales condiciones del mercado. “Se trata de una decisión orientada a fortalecer la eficiencia y competitividad de nuestras operaciones, manteniendo la continuidad de las actividades de fabricación de productos de embalajes en Campos Novos”, señaló la compañía.
La planta de Campos Novos forma parte de los activos industriales y forestales que CMPC adquirió a la brasileña Iguaçu Celulose e Papel en abril de 2022, en una operación valorada en unos US$ 170 millones. La transacción incluyó tres instalaciones en los estados de Santa Catarina y Paraná, con las que la firma chilena buscaba fortalecer su negocio de embalajes sostenibles y que, según informó entonces, la posicionaron como el segundo mayor productor mundial de sacos de papel.
Respecto de los trabajadores afectados, la compañía confirmó una reducción de dotación de aproximadamente 70 personas y sostuvo que acordó condiciones y beneficios de salida, además de mantener conversaciones con las organizaciones sindicales y las autoridades locales.
Asimismo, descartó nuevos recortes de personal. “La compañía no contempla nuevas medidas de esta naturaleza en la planta”, aseguró.
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La disputa por Natureza
La reducción de capacidad productiva en Campos Novos no es el único asunto que enfrenta CMPC esta semana en Brasil: estos días también serían claves para el avance del Proyecto Natureza, la planta de celulosa de US$ 4.600 millones en Rio Grande do Sul, que obtuvo la Licencia Previa el 23 de octubre y sobre la cual la empresa aún no ha tomado la decisión final de inversión.
Parte de la planificación del proyecto incluye la construcción de un muelle para recibir madera y transportar celulosa, además de tuberías para captar agua y descargar efluentes tratados en el río Guaíba. Para realizar estas obras, la empresa necesita unas 17,5 hectáreas de la Reserva Particular del Patrimonio Natural Estadual (RPPNE) Barba Negra, propiedad de CMPC.
Sin embargo, desde 2010 la reserva cuenta con protección ambiental, por lo que la compañía requiere una modificación legal de sus límites para utilizar esos terrenos. Según señaló Paulo Brack, biólogo y profesor de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, al medio brasileño Extra Classe, de aprobarse, la medida sería inédita en la historia del estado, ya que permitiría reducir la superficie protegida de una reserva de este tipo para desarrollar obras industriales.
La empresa trabajó la propuesta con la Secretaría de Medio Ambiente estatal y señaló que ha destinado cerca de 2.300 hectáreas de la hacienda Barba Negra a conservación ambiental, de una propiedad de unas 10.000 hectáreas. Como compensación por los terrenos desafectados, la compañía plantea incorporar otras 70 hectáreas a protección ambiental. “Por cada hectárea desafectada, se incorporarán cuatro nuevas hectáreas a conservación” afirmó la compañía.
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El gobernador estatal Eduardo Leite apoyó la medida e impulsó con carácter de urgencia una modificación legal para quitar la protección en la Asamblea Legislativa, lo que desató la oposición de organizaciones ambientales.
El 11 de noviembre, unas 300 personas protestaron en Porto Alegre y la Asociación Gaúcha de Protección del Medio Ambiente Natural (Agapan) acudió a la Justicia para detener la votación, alegando falta de información ambiental y de participación ciudadana. Frente a los cuestionamientos, la empresa afirmó a este medio que ha actuado “con estricto apego a la normativa vigente” y que las obras ya fueron analizadas por la autoridad ambiental, que otorgó la Licencia Previa.
Este lunes, la jueza Patrícia Antunes Laydner acogió la solicitud de la Agapan y advirtió que no bastaba con aumentar la superficie protegida para acreditar una compensación adecuada: también debían revisarse las características ecológicas de los terrenos y su capacidad para albergar fauna. La votación quedó, entonces, suspendida, pero este martes un tribunal superior levantó la medida, acogiendo una anelación del gobierno estatal. La Asamblea Legislativa ahora debe retomar la discusión, aunque la modificación todavía no está aprobada y el plazo de urgencia vence el 4 de diciembre.
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