Perú: rentabilidad del Gasoducto del Sur estaría en envíos de electricidad hacia Chile

Más allá del “discurso político” de la masificación del gas natural para uso doméstico o el impulso de la industria petroquímica, la mayor rentabilidad del Gasoducto Sur Peruano (GSP) realmente estaría determinada por la posibilidad de exportar electricidad hacia Chile.

A esa conclusión arribó Semana Económica, publicación del vecino país, que analizó los principales aspectos de este megaproyecto, que involucrará una inversión de US$ 7.330 millones y concitó el interés de importantes empresas del sector energético, como la española Enagás o la francobelga GDF Suez, entre otras.

Entre los factores que destacan figura que el uso doméstico del gas, que el gobierno de la nación incaica pone como principal objeto de este proyecto, cubriría sólo el 5% de la demanda necesaria para rentabilizar la operación del ducto. A ello suman que en el diseño del GSP sólo en la región de Cusco se considera la instalación de citygates, que son las estaciones que permiten la conexión de sistemas de distribución a clientes residenciales.

Para llegar a otras regiones, advierten, es necesaria la construcción de ramales, que por ahora no están considerados. “Queda claro que la masificación no constituye el negocio del proyecto, pese a ser el elemento que más réditos políticos le brindaría al gobierno”, dicen en Semana Económica.

El desarrollo de la industria petroquímica, que le da valor agregado al gas (al transformarlo en plásticos, explosivos o fertilizantes) y es el segundo objetivo del GSP tampoco terminaría de justificar económicamente la construcción del GSP.

Expertos consultados por la publicación dicen que no es posible concebir este desarrollo en el corto o mediano plazo, debido al bajo precio del hidrocarburo a nivel internacional, con promedios de 
US$ 3,5 por millón de BTU los últimos dos años, frente a los US$ 6,2 por millón de BTU que alcanzó entre 2005 y 2011.

“Hoy Estados Unidos y Argentina son países más atractivos para esta industria a raíz del desarrollo del shale gas. Así, la oferta abundante de gas mantendría el precio en torno a 
US$ 4 por millón de BTU”, dicen.

A raíz de lo anterior señalan que la verdadera utilidad del gasoducto estaría en la generación eléctrica, para abastecer con una fuente de energía más barata a la industria de las regiones del sur. Al mismo tiempo advierten que la experiencia previa del gasoducto Camisea-Costa, demostró que en esta clase de proyectos la demanda industrial es modesta respecto de la oferta total y plantean que de una disponibilidad mínima de 1.000 millones de pies cúbicos día de gas, la industria sólo consumirá 45 millones de pies cúbicos.

“Ahora no hay nuevos proyectos industriales significativos previstos, pero el GSP sí presenta una oportunidad para las nuevas industrias que se instalen. Dado que el proyecto iniciará sus operaciones en el 2019, probablemente otros usuarios industriales se sumen a la demanda, aunque es improbable que el aumento de la demanda sea tan drástico”, apuntan en Semana Económica.

Añaden que un elemento sensible que podría impulsar la exportación, ya sea de gas o de electricidad por parte de Perú, es menguar la parte del subsidio que recibirá este proyecto y que será cargada en las cuentas de luz de todos los usuarios residenciales a partir del próximo año.

La otra parte será pagada por el denominado nodo energético que está en la zona y que consumirá el 76% del flujo mínimo de gas del GSP al 2019. En el intertanto utilizarán diésel.

Exportar electricidad, no gas


“Entonces si la menera de rentabilizar el proyecto es incrementando la generación, ¿por qué no exportar electricidad a un país vecino?” se preguntan en Semana Económica y de inmediato ponen sobre la mesa de opción de Chile, por el déficit energético estructural que enfrenta el país y las perspectivas menores de que éste se revierta -dicen- tras la reciente cancelación del proyecto HidroAysén.

Citan a Jorge Rivera, representante legal de Energy Transfer, una de las empresas que evaluó participar en la licitación del GSP, quien reconoce que el gasoducto del sur “tiene una posición estratégica para atender la demanda chilena, una idea que presumiblemente analizaron todos los consorcios que participaron del concurso.

“Exportar gas a Chile es impopular en términos políticos -de hecho no es una opción que haya sido mencionada durante el desarrollo del proyecto de GSP, pero exportar electricidad podría ser mucho menos controversial. Además, ello permitiría a las empresas en el Perú exportar un producto con mayor valor agregado”, comentan en Semana Económica, donde resaltan que el precio industrial para la electricidad en Chile es el doble que en Perú.

“Parece que existe disposición política, no explícita, en el gobierno peruano para hacer esto”, dicen y añaden que el Presidente Humala ha señalado públicamente en diversos eventos internacionales que el gobierno estaría dispuesto a exportar energía a Chile. Para ello se requieren más plantas térmicas e integrar los sistemas eléctricos de ambos países.

Apuntan que si la negociación para integrar los sistemas peruano y ecuatoriano tomó cuatro años, presumiblemente el mismo período debería considerarse para hacer lo mismo con Chile.

“Ese plazo podría ser incluso menor, dado la afinidad de ambos sistemas, pues el modelo peruano siguió en algunos aspectos al modelo chileno, precisa Ramiro Portocarrero, socio a cargo de la práctica de energía del estudio Ferrero Abogados.

Apuntan que el proceso de interconexión de los principales sistemas eléctricos en Chile, abre a Perú la potencialidad de abastecer casi la totalidad de la demanda nacional, a partir de 2018.

Advierten en la publicación que en este punto el principal riesgo es que no haya suficiente gas para abastecer, ya que no se sabe con exactitud a cuánto ascienden las reservas económicamente extraíbles del lote 88 actualmente, que atiende al gasoducto de Camisea-Costa, o los otros lotes de Camisea.

Advierten además, de las eventuales demoras que podría tener el proyecto GSP y que a juicio de especialistas serían inevitables, a raíz de la tramitación de diversos estudios ambientales, y los conflictos sociales, ya que el trazado podría involucrar, por ejemplo, irrumpir en zonas de patrimonio arqueológico.