Economistas llaman a Argentina a negociar y ven imposible un cambio de sede de pago


Crece el temor de que Argentina enfrente un segundo default en trece años. El gobierno ayer volvió a mostrar una postura intransigente y aseguró que no negociará con los tenedores de bonos conocidos como “holdouts” (que no se acogieron a la reestructuración de la deuda en default en los canjes de 2005 y 2010), pese a que el lunes la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó el fallo del juez de distrito Thomas Griesa que obliga al país a pagar US$ 1.300 millones a estos bonistas.

El escenario del país es complejo. De forma paralela a este fallo, la Corte de Apelaciones del segundo distrito de Nueva York levantó una medida cautelar que evitaba el embargo de los bienes argentinos en el exterior. “No hay misión ni comitiva preparada para un eventual viaje a EEUU”, afirmó ayer el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Y agregó que el gobierno cambiará de Nueva York a Buenos Aires la sede de pago de la deuda reestructurada (lo que evitará un embargo, pero implicará un default técnico).

Plazo fatal


Argentina enfrenta el vencimiento de un bono de la deuda reestructurada el 30 de junio, por US$ 900 millones. El país no puede pagar, si no paga de forma simultánea a los holdouts. Si Buenos Aires no paga, entran en vigor los seguros contra el impago (CDS) por un plazo de un mes. El 31 de julio, Argentina caería oficialmente en default.

Asimismo, si Argentina paga el 100% a los holdouts, como exige el fallo, puede enfrentarse a la cláusula Rufo, que vence en diciembre de 2014 y que determina que los bonistas que participaron en el canje tienen acceso a las mismas condiciones que se ofrezca a los holdouts.

Según expertos, el gobierno no está jugando bien sus cartas. “Sería un verdadero ridículo que Argentina, a sólo quince años del último default, y después de diez años de desendeudamiento, con una deuda externa inferior a siete puntos del PIB, incumpliera la deuda”, aseguró a DF José Luis Espert, de Espert & Asociados.


Alternativas de pago


Para Espert, la única solución posible es pagar. Según el economista, en el peor de los casos, si todos los holdouts cobran sus acreencias, Argentina debería desembolsar US$ 15 mil millones, lo que equivale a un 10% de la recaudación de impuestos. Según sus cálculos, la recaudación crece un 30% anual. “Hay que destinar US$ 15 mil millones, la tercera parte del aumento de la recaudación, para evitar un default, ni siquiera hay que ajustar el gasto”, planteó.

El economista jefe de Ecolatina, Lorenzo Sigaut, coincide en que la mejor alternativa es pagar. “La mejor opción para evitar un default es que el gobierno pague a los holdouts y después deposite en el Bank of New York Mellon los dólares para la deuda sea reestructurada. ¿Cómo debería hacerlo? Cubriéndose de la mejor manera posible para que se note que la decisión no fue voluntaria”.

El dinero, afirmó, debería provenir de una colocación de nueva deuda, porque las reservas del banco central han bajado dramáticamente desde 2011. El año pasado, se redujeron en US$ 13 mil millones, lo que bajaron en 2011 y 2012 en conjunto. Esto obligó a una devaluación a principios de año. Si se siguen deteriorando las reservas, el país podría enfrentar una nueva devaluación.

Respecto de la opción de cambiar la sede de pago, ambos son enfáticos en descartarlo. Para hacerlo, el país tiene que pedir el listado de los bonistas al banco estadounidense, que al entregarlo caería en desacato de la justicia. Además, se necesita un mínimo de 85% de aprobación por parte de los tenedores de bonos para cambiar la jurisdicción. “¿Cuántas personas van a venir a cobrar acá, al puesto de Pancho de Florida y Corrientes?”, se preguntó Espert.