Credicorp Capital por caso Sartor: “No se ha pagado un solo dólar de los US$ 45 millones” que financiaron
En la cuarta jornada de la formalización, los querellantes argumentaron su apoyo a la solicitud de prisiones preventivas para Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
La audiencia de formalización por el caso Sartor avanzó este martes con el cuarto día de diligencias.
En la instancia, los querellantes de la causa expusieron sus argumentos para apoyar la solicitud de prisión preventiva realizada por la Fiscalía en contra de Michael Clark, los hermanos Carlos y Pedro Pablo Larraín, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
Abogados de víctimas y de las gestoras que actualmente administran los fondos de la firma tomaron la palabra para justificar su decisión de adherirse al requerimiento del Ministerio Público.
La ventana de alegatos para los nueve querellantes que restan terminará este miércoles. En tanto, el jueves comenzará el turno de las defensas, las que, según estimaron en la audiencia, tendrán una duración total de no menos de 13 horas.
Perú y Miami
El abogado de Credicorp Capital, Juan Domingo Acosta, fue quien dio el puntapié inicial a los alegatos. La firma operó con Sartor AGF en Perú y denunció irregularidades en préstamos a la filial peruana de ECapital, entre otras relacionadas.
“Le sacaron plata a los fondos (en Perú) y la traspasaron directamente a los fondos que tenían (en Chile), que necesitaban liquidez, porque se les estaban pidiendo rescates, no tenían plata y usaron como pretexto esto”, acusó.
Así, detalló que “no se ha pagado un solo dólar de esto, de los más de US$ 45 millones” de las operaciones financiadas por Credicorp Capital.
“Le sacaron plata a los fondos (en Perú) y la traspasaron directamente a los fondos que tenían (en Chile), que necesitaban liquidez”, señaló el penalista Juan Domingo Acosta.
En la gravedad de las penas, Acosta incrementó las proyecciones de la Fiscalía -de 10 años y un día, a 15 años-, al señalar agravantes, como por ejemplo, que se trataba de una sociedad anónima especial (Sartor AGF) y de un perjuicio superior a UTM 80 mil.
“Con esta agravante muy calificada, quedamos entre 17 años y medio y 20 años por un delito” de administración desleal, alertó.
Por su lado, el abogado querellante de Toesca, Sergio Rodríguez, sostuvo que parte de los recursos de los fondos administrados por Sartor AGF fueron desviados hacia el proyecto Faena Residences, en Miami, mediante una estructura en deuda y no acciones.
“Aunque el proyecto suba el valor (...) al fondo siguen debiendo lo que dicen los pagarés, ni un dólar más ni un dólar menos. ¿Quién se queda con la diferencia? Pedro Pablo Larraín Mery y su sociedad. Esa es la realidad de lo que ocurrió en este caso”, apuntó.
Víctimas
El abogado querellante y representante de un grupo de víctimas, José Ignacio Escobar, sostuvo que el caso afectó a inversionistas particulares y adultos mayores que “perdieron, en algunos casos, los ahorros de toda una vida”.
Afirmó que la AGF “funcionó como una verdadera caja de financiamiento personal, una especie de banco a la medida”, para “negocios propios, como también de terceros”.
“Estos no fueron malos negocios puntuales, no fueron riesgos mal medidos, no fueron imprevistos en el curso de inversiones legítimas, fue todo lo contrario, los principales responsables de estos delitos orquestaron un negocio tremendamente lucrativo, pero para ellos”, señaló.
Caso Sartor: la cronología del colapso de la AGF y sus aristas
Los hitos publicados por DF que conectan las decisiones de la CMF, la liquidación de fondos, las querellas, Azul Azul y la ofensiva penal de Fiscalía. Actualizado: 5 de agosto de 2026.
De la intervención al frente penal
El Caso Sartor escaló en noviembre de 2024, cuando la CMF suspendió fondos de Sartor AGF por fallas en valorizaciones, liquidez y operaciones con relacionados. En diciembre, endureció restricciones, frenó rescates y revocó la existencia de la administradora.
Desde ahí se abrieron capas: liquidación de vehículos, disputas de aportantes, querellas de Credicorp y Toesca, financiamientos cuestionados, deterioros patrimoniales y sociedades relacionadas. DF también siguió el flanco Azul Azul, con acciones de Michael Clark, Tactical Sport y eventuales omisiones de OPA.
En 2026, la investigación penal tomó el centro. Fiscalía hizo diligencias, cifró el perjuicio en hasta US$ 200 millones, solicitó formalizar a 11 imputados y pidió ampliar delitos para sumar lavado de activos y fraude por omisión de OPA. La formalización comenzó el 30 de julio y se extendió durante agosto.Interactivo: Claudio Pérez
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CMF suspende aportes a fondos de Sartor
DF registró el primer quiebre regulatorio: la CMF suspendió aportes a fondos de Sartor AGF tras detectar deficiencias en el proceso de inversión, valorización y liquidez de los vehículos administrados.
La CMF endureció su postura y suspendió rescates de fondos de Sartor AGF. La decisión profundizó la crisis para aportantes y dejó la administración bajo vigilancia reforzada.
El regulador revocó la autorización de existencia de Sartor AGF y designó un liquidador. La administradora pasó de una crisis de supervisión a un proceso formal de salida del mercado.
Sartor acudió a la Corte de Apelaciones por la revocación de la AGF, alegando ilegalidad y falta de proceso sancionatorio. El conflicto regulatorio entró así al carril judicial.
Credicorp Capital denunció presuntas maniobras de triangulación financiera en una querella contra Sartor. La crisis sumó un frente penal y abrió el mapa de acreedores afectados.
En sus primeras medidas, el liquidador desvinculó al gerente general y al ejecutivo a cargo de inversiones de Sartor AGF. La administración anterior comenzó a quedar fuera del control operativo.
Accionistas de Azul Azul se querellaron contra Michael Clark por presunto fraude asociado a una omisión de OPA. El caso Sartor sumó una derivada ligada al control de la concesionaria.
El liquidador detectó posibles deterioros significativos en valorizaciones de fondos atribuidos a la antigua administración. El hito ordenó parte del daño patrimonial bajo investigación.
La CMF suspendió la oferta pública, transacción y cotización en bolsa de cuotas de fondos de Sartor AGF. La medida limitó la salida de inversionistas y reforzó el control del proceso.
DF informó la resolución que permitió reanudar la liquidación de Sartor AGF. La decisión destrabó una parte relevante del proceso tras los recursos de la administradora.
Un grupo de clientes de Sartor se querelló contra exdirectivos y socios por un posible esquema defraudatorio. La arista de inversionistas afectados ganó peso propio en tribunales.
La CMF formuló cargos a socios, exdirectores y exejecutivos de la AGF en liquidación. La decisión abrió la discusión sobre la aplicación de la Ley de Delitos Económicos.
DF detalló los avances de la arista penal y el rol de la Bridec de la PDI. La investigación empezó a ordenar antecedentes financieros, querellas y eventuales responsabilidades.
La CMF interpuso multas históricas a exdirectores y al exCEO de Sartor AGF. Según la cobertura de DF, el caso consolidó una sanción de gran escala para el mercado de fondos.
Fiscalía realizó diligencias en el Centro Deportivo Azul y otros domicilios vinculados a sociedades de Michael Clark. La investigación penal volvió a conectar Sartor con Azul Azul.
Toesca se querelló contra exdirectores y socios de la AGF por el financiamiento usado en la compra de Azul Azul. La concesionaria quedó en el centro de la disputa de acreedores.
Sartor solicitó reorganización judicial para retomar estabilidad financiera, mientras Bci Corredores acusó ocultamiento de un proceso de liquidación forzosa. El caso se cruzó con el frente concursal.
La Fiscalía cifró en hasta US$ 200 millones el perjuicio para aportantes de fondos de Sartor AGF. La estimación dio escala económica al caso antes de la formalización.
Michael Clark acudió a la Fiscalía Oriente para declarar en calidad de imputado. La diligencia reforzó la conexión entre la investigación Sartor y las operaciones ligadas a Azul Azul.
Fiscalía ingresó la solicitud para formalizar a 11 imputados por la trama al interior de Sartor AGF. El caso pasó a su antesala judicial más relevante desde la revocación de la administradora.
A días de la audiencia fijada para el 30 de julio, Fiscalía pidió ampliar los delitos e incorporar lavado de activos y fraude por omisión de OPA a las imputaciones del caso Sartor.
En la tercera jornada de formalización, el tribunal decretó arresto domiciliario total intensivo y arraigo nacional para el exdirector de inversiones de Sartor AGF, tras un acuerdo con querellantes.
Credicorp denuncia deuda impaga de US$ 45 millones
En la cuarta jornada, Credicorp Capital afirmó que no se ha pagado un solo dólar de los más de US$ 45 millones que financió. Los querellantes apoyaron la prisión preventiva solicitada para cinco imputados.
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