Las calculadoras se comenzaron a activar con rapidez en el sector público y bajo una lógica de estrechez fiscal.
En el marco del inicio de la preparación de lo que será el proyecto de Presupuesto para 2027, el Ministerio de Hacienda instruyó el martes pasado a todos los ministerios a elaborar su propuesta de gasto para un período de cinco años, la que deberá respaldarse y justificarse detalladamente.
Un oficio circular, suscrito por el jefe de las finanzas públicas, Jorge Quiroz, enumeró una serie de directrices que parten por determinar una línea base, que incluya los gastos que se devengan obligatoriamente ligados a compromisos contractuales de la respectiva secretaría de Estado y sus servicios dependientes o relacionados.
En segundo lugar, se deberá elaborar una propuesta complementaria de gasto, la que, junto con la línea base definida en el inciso anterior, constituirán la petición total del marco de mediano plazo de cada ministerio. No necesariamente será aprobada, se advierte en todo caso.
Para la llamada “petición total” se ha definido un límite máximo de gasto a nivel de partida fijado por lo cual, deberán priorizarse las solicitudes, considerando las necesidades de los sectores, como el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones legales y contractuales vigentes de la cartera.
Esta etapa, se explicó, considera el trabajo conjunto entre los ministerios y sus servicios dependientes o relacionados y la Dirección de Presupuestos (Dipres), por lo que solicita “definir e informar un programa de trabajo conjunto que permita cumplir el objetivo”.
La propuesta del proyecto de ley de Presupuestos 2027 y lo que se defina como Programa Financiero 2028-2031 en dicha cartera, deberá incluir todos sus servicios dependientes o que se relacionan con el Ejecutivo por su intermedio.
En ambos casos, según establece la circular, se deberá incorporar el efecto permanente de los ajustes fiscales efectuados el presente ejercicio -establecido en 3%-, para todos los años del período, e incluir el efecto de las medidas de eficiencia que se implementen en cada uno de los ministerios y sus servicios dependientes o relacionados.
“Lo anterior, se torna ineludible considerando que un horizonte de mediano plazo facilita la gestión de todos los gastos, produciendo ahorros y mejorando la asignación de recursos”, señala el oficio.
Para dar un marco a estos requerimientos, en una minuta adjunta al oficio se expone que las finanzas públicas enfrentan una “desafiante y compleja” situación, marcada por déficits, aumento de la deuda y necesidad de cumplir las metas de balance estructural. Por lo mismo, la idea es que la planificación financiera se realice bajo criterios de sostenibilidad fiscal y que no debe esperarse un crecimiento permanente del gasto similar al de años anteriores.
Programas y plazos
Con relación a la oferta programática de los servicios públicos, se pide tener presente la importancia de orientar la asignación de recursos sobre la base de la evaluación, con el objetivo de fortalecer la efectividad, eficiencia y pertinencia de las intervenciones públicas.
Para estos efectos, se precisa que los programas que se formulan deberán someter sus diseños al proceso de evaluación ex ante para obtener una calificación de recomendación favorable desde el cierre del proceso de formulación presupuestaria, de modo de asegurar constituya un insumo relevante para la toma de decisiones presupuestarias. La fecha límite para el ingreso de la versión final del diseño del programa, requerida para contar con la recomendación favorable y ser considerado en el presupuesto, será el 2 de julio del año 2026.
Además, los ministerios deberán identificar e informar el gasto correspondiente a cambio climático con el fin de mejorar proyectos de inversión con incidencia como de la oferta programática.
En términos de plazos, las instituciones que conforman cada ministerio deberán enviar a la Dirección de Presupuestos con fecha 15 de mayo la línea base para el período de cinco años, y con fecha 27 de mayo la información complementaria de gasto, completando así la Petición Total.
Polémica por programas sociales
A medidas que se fueron conociendo los detalles de los oficios enviados a los ministerios, comenzó a generarse una fuerte polémica.
¿La razón? Las instrucciones entregadas por Hacienda y la Dipres a las carteras incluía un documento con el detalle del desempeño de la oferta de programas estatales de la repartición respectiva, con recomendaciones como "rebajar presupuesto", "sin observaciones" y "descontinuar".
En esta última categoría, se identificaban programas sociales sensibles, como por ejemplo el programa de alimentación escolar de la Junaeb, el plan nacional de escritura, el programa de derechos humanos, cuidados paliativos universales, programas relacionados con identidad de género, el programa nacional de prevención del suicidio, el programa contra el crimen organizado, el plan calles sin violencia, el fondo del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), transporte público regional, recursos de la Conadi, y fondos para investigaciones científicas, por solo citar algunas.
Las recomendaciones en torno a programas por descontinuar suman cerca de US$ 6.000 millones
En medio de la polémica, que ha generado reacciones especialmente en parlamentarios de la oposición, el ministro Quiroz debió salir a aclarar el tema.
“La comunicación enviada corresponde a un oficio, no a un decreto. El oficio es parte de la formulación del presupuesto de mediano plazo. Contiene orientaciones programáticas, pero no es un decreto de reducción; corresponde a una orientación para contención y evaluación del gasto”, dijo la autoridad en un comunicado repartido por la cartera.
El ministro enfatizó que estos oficios incorporan información proveniente del sistema de monitoreo y evaluación del gasto público, desarrollado por la Dipres, con el objetivo de apoyar el análisis técnico de los programas existentes. “Se trata de antecedentes que permiten identificar espacios de mejora en la ejecución de distintos programas, a partir de evaluaciones que se han realizado de manera sistemática en el tiempo”, señaló.
En esa línea, precisó que las recomendaciones contenidas en los anexos se refieren exclusivamente a los programas en su formato actual, y no implican un cuestionamiento a las políticas públicas. “Las políticas públicas vigentes no están en discusión. Lo que se evalúa es la forma en que estas se ejecutan, para asegurar que los recursos se utilicen con mayor eficiencia y eficacia”, indicó.
Quiroz agregó que este tipo de evaluaciones han permitido, en distintos casos, identificar oportunidades de mejora: “Existen programas donde, de acuerdo con los análisis de la Dipres, se han detectado problemas en su implementación, y lo que corresponde es justamente revisar cómo se están haciendo las cosas, para asegurar que las políticas cumplan adecuadamente su objetivo”.
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