El miércoles, el gobierno de José Antonio Kast oficializó la decisión de eliminar la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) -un incentivo tributario entregado por el Estado que permite a las empresas descontar del pago de impuestos los gastos relacionados con capacitación, en un monto de hasta el 1% de la Planilla Anual de Remuneraciones Imponibles-, y que, de acuerdo a datos del ministerio de Hacienda, tiene un costo fiscal anual de $ 300 mil millones.
Una medida con la cual el Ejecutivo busca reordenar el gasto público, argumentando que la decisión se sustenta en la ausencia de evidencia concluyente sobre su impacto en la mejora de la capacitación.
Tras su eliminación ¿qué viene? Una pregunta que varios actores relacionados con el mundo de la capacitación han planteado, ya que la franquicia es, prácticamente, la principal fuente de financiamiento de la formación laboral.
De ahí que el gobierno, particularmente a través del Ministerio del Trabajo, está evaluando mecanismos para dar continuidad a programas de carácter social de capacitación y que hoy se financian con la franquicia.
Fuentes cercanas a la cartera sinceraron que la decisión de eliminar la franquicia fue compleja. “El Presidente ha sido claro en que se iban a tomar decisiones difíciles, y esta es una de ellas, por todo lo que implica”, comentó un conocedor.
Desde la cartera recalcaron que tienen clara la necesidad de más y mejor capacitación, enfocada en la empleabilidad, especialmente en un contexto de cambios tecnológicos y un mercado laboral desafiante.
Por ello, e independiente del resultado del proceso legislativo, el ministerio está trabajando en fortalecer y ampliar programas de intermediación e inserción laboral, utilizando de mejor manera recursos disponibles -como los del Fondo de Cesantía Solidario- que hoy están subutilizados según conocedores.
El citado instrumento contempla programas de habilitación laboral, como evaluación de competencias laborales, certificación de competencias, capacitación laboral e incluso intermediación laboral.
En paralelo, existe la voluntad de impulsar un nuevo esquema de capacitación público-privado, con foco en resultados medibles en empleabilidad y remuneraciones.
Modificaciones al sistema
Si bien la decisión de eliminar la franquicia puede ser radical, al menos seis comisiones e instituciones públicas y no públicas han evaluado el programa y concluido unánimemente que no cumple sus objetivos, presenta grandes ineficiencias y falencias en transparencia.
Una de las principales fue la Comisión Revisora del Sistema de Capacitación e Intermediación Laboral, la cual planteó en su informe de 2011 que no hay “efectos positivos de la capacitación vía franquicia tributaria sobre la empleabilidad de los trabajadores, y sólo efectos muy marginales sobre los salarios”.
Luego, en 2018, la Comisión Nacional de Productividad detectó que el 90% de las capacitaciones ejecutadas vía franquicia tributaria duran menos de 40 horas, y señaló que los únicos cursos que reportan efectos positivos sobre salarios son aquellos de más de 280 horas, pero suman menos del 1% de la oferta.
Más recientemente, en 2025, la Dipres detectó que la herramienta es utilizada casi exclusivamente por empresas grandes, de donde proviene el 88% de los capacitados. Un 10% corresponde a firmas medianas y apenas un 2% a pequeñas, con un porcentaje mínimo de capacitados de microempresas. Además, no observó un efecto significativo en remuneraciones, empleo ni intensidad del empleo en ninguno de los años analizados. 
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Carolina León
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