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Alto contrasteTribunales Ambientales y proyectos judicializados
Señor Director:
En momentos en que el crecimiento económico vuelve a ser una preocupación central, acelerar las inversiones es indispensable. El gobierno ha puesto ambos temas entre sus prioridades, pero se requiere la colaboración de todas las instituciones del Estado para mejorar la certeza jurídica que los incentive.
La creciente judicialización ambiental es un factor negativo. La CPC ha señalado que la extensión a la Corte Suprema de procesos judiciales que comienzan en Tribunales Ambientales suma, en promedio, 448 días a la tramitación. Esto es, duplican los tiempos totales de judicialización. Peor aún, el 80% de las reclamaciones no modifica lo resuelto inicialmente por la autoridad. Así, solo se genera ineficiencia, sin mejoras ambientales, mientras hay US$ 10.655 millones en proyectos en tramitación. Claramente, existe una desproporción entre los años de litigación y su resultado.
El desafío es que exista mayor claridad normativa, estándares técnicos consistentes y participación temprana de las comunidades, entre otros, para evitar judicializaciones ex post. Propuestas como el preanálisis voluntario y reglas claras para la judicialización o la evaluación en dos etapas planteada por Pivotes apuntan precisamente a resolver controversias antes de llegar a tribunales. Crecer exige certeza, eficiencia y mejores instituciones.
MARÍA CRISTINA BETANCOUR
ECONOMISTA
