Conservación en la era de los extremos
CLAUDIO SEEBACH DECANO Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI
El 17 de agosto de 2026 conmemoramos 100 años de la creación del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, hecho que dio inicio formal a las políticas de conservación en nuestro país. Un siglo después, este parque que comprende maravillas naturales como el lago Todos Los Santos, los Saltos del Petrohué, el volcán Osorno y el monte Tronador, no solo protege más de 250 mil hectáreas en la Región de Los Lagos, sino que nos deja una lección indispensable: la verdadera conservación se concibe a largo plazo. Garantizar el cuidado de ecosistemas y especies en el plazo de décadas, siglos o incluso milenios exige una visión sostenida en el tiempo.
Esa perspectiva obliga a alejarse de la casuística y las declaraciones altisonantes a favor de una discusión seria y basada en la evidencia. Y esto es tan relevante para el debate legislativo como para la definición de reglamentos, ordenanzas, y dictámenes orientados a resguardar los ambientes naturales de comunidades y territorios. Ceder a la tentación inmediata de beneficiar a uno u otro grupo de interés en pos de un deseo genuino por mejorar la vida de personas o de especies naturales específicas es una receta segura para perder de vista el bosque a causa de los árboles.
Esto significa también salvaguardar nuestro “capital natural”, esto es, el conjunto de activos biológicos y ecosistémicos que genera un flujo de servicios esenciales para la vida y el desarrollo económico local. Esto último lo muestra un reciente estudio de Rewilding Chile y McKinsey donde por cada dólar invertido en La Ruta de los Parques, se generaron 6 dólares de retorno en 2024.
“Sostener este patrimonio requiere mayor inversión, ciencia rigurosa y datos sólidos para fundamentar cada decisión pública y privada”.
Chile cuenta con más del 20% de su superficie terrestre y el 43% de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) marina bajo alguna categoría de protección, un logro sobresaliente. Y, sin embargo, la brecha de financiamiento para su gestión efectiva sigue siendo enorme. Sostener este patrimonio requiere mayor inversión, ciencia rigurosa y datos sólidos para fundamentar cada decisión pública y privada, y poder conciliar esta protección de largo plazo con el necesario desarrollo económico sostenible de Chile. En un contexto global polarizado, donde las discusiones suelen derivar en posturas extremas e irreconciliables, la ciencia debe cumplir un rol integrador. Su función es aportar evidencia objetiva, reducir incertidumbres y mantener el foco lejos del ruido coyuntural, procurando que los distintos actores que intervienen en el debate público no usen de forma sesgada o parcial el conocimiento científico disponible para defender legítimas causas ambientales o el desarrollo de importantes proyectos de inversión. Al final, el mal uso de la ciencia solo daña su legitimidad y la de las instituciones.
Debemos impulsar un rewilding o reasilvestramiento no solo en los espacios más degradados e intervenidos por el ser humano, sino en nuestra propia estructura de pensamiento. Necesitamos “reasilvestrar” la forma en que concebimos la ingeniería, la economía, la educación, las ciudades, la salud y mucho más, de modo de volver a reconectarnos con nuestros ambientes naturales. No se trata de oponer desarrollo y naturaleza, sino de equilibrar el bienestar humano y el acceso equitativo a recursos con la preservación del entorno natural.
A cien años de la creación del primer parque nacional, el mandato es claro: usar la tecnología, los datos y la evidencia científica para evitar discusiones polarizadas para proyectar un desarrollo ambiental y económicamente responsable para las futuras generaciones y el planeta.