Toma forma proyecto de impuestos verdes y empresas alistan informe de emisiones contaminantes

El gobierno se encuentra afinando los detalles finales para la presentación de dos proyectos de ley que aborden nuevos impuestos.

Por un lado, uno que modificará el sistema vigente para los gravámenes denominados como "verdes", como a los combustibles -incrementando la base de contribuyentes afectos hacia sectores como el transporte aéreo, ferroviario y la marina mercante, así como aumentando la tasa del gravamen al diésel- y las fuentes fijas contaminantes, incorporando nuevos establecimientos que tributarán.

Y por otro, ajustes a los impuestos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas, modificando la base a la que se le aplica el tributo, transitando desde el precio del producto (ad valorem) a su contenido. También se contempla regular la tributación de las apuestas en plataformas digitales, para de esta manera corregir algunos comportamientos.

En este marco, los empresas en Chile no solo están atentas a las implicancias de estas nuevas iniciativas legales, sino también a su propio cumplimiento de las normas actuales.

Es que por estos días se cumple el plazo, establecido por el Ministerio de Medio Ambiente a fines de enero, para que los contribuyentes afectos al gravamen a las fuentes fijas informen a la autoridad sus emisiones de partículas contaminantes y, así, calcular el tributo a pagar.

En específico, una resolución de la cartera liderada por Maisa Rojas establece las condiciones para el reporte de emisiones de la aplicación del impuesto verde a las fuentes fijas, fijando un plazo de 60 días (contando desde el 31 de enero) para actualizar la información de emisiones. Dicho período se cumple esta semana.

El contexto de lo anterior es otro documento del ministerio de fines de 2022, que establecía los establecimientos que estarían obligados a reportar sus emisiones para los efectos de la aplicación del impuesto verde a las fuentes fijas, a través del Registro de Fuentes y Procesos (RFP).

Dicho gravamen grava las emisiones al aire de material particulado, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono (CO2), entre otros, de parte de establecimientos fijos contaminantes, como calderas o turbinas, que individualmente o en conjunto sumen una potencia térmica mayor o igual a 50 MWt.

El gerente senior de Servicios de Sostenibilidad de EY, Nicolás Calderón, señala que el RFP es un sistema que ya está siendo utilizado por la autoridad ambiental debido a distintas normativas ambientales que obligan a los titulares a registrar sus fuentes emisoras.

"Si bien podría darse el caso de que algunos contribuyentes afectos al nuevo impuesto verde deban ingresar por primera vez a este sistema, la mayoría de los titulares de fuentes emisoras ya deberían tener la información registrada y actualizada en virtud de otras normas diferentes a la de la reforma tributaria y sus respectivos reglamentos", explica el experto.

El año pasado, agrega Calderón, el Ministerio del Medio Ambiente dictó una resolución que identifica un total de 119 establecimientos con obligación de reportar sus emisiones respecto a la regulación tributaria. Este catastro se hizo conforme a la base de cuantificación que la autoridad ambiental maneja a la fecha.

"Si bien esa nómina tiene un carácter informativo, la omisión de algún establecimiento no significará de forma alguna la liberación de reportar sus emisiones en virtud del impuesto verde, ya que puede que no esté actualizada la información de todos los titulares al momento de la publicación de la resolución mencionada", recalca.

Lo que se viene: posible alza de impuestos al CO2

En cuanto a sus expectativas de cara al proyecto que ingresará en los próximos días, el ejecutivo esperaría que se incrementara "de forma gradual" el impuesto a las emisiones de CO2, desde los US$ 5 actuales. El Fondo Monetario Internacional (FMI), agrega, apunta a subirlo a un valor de US$ 75.

"Debido a este probable aumento, una de las expectativas que hay es la publicación del reglamento de compensación de emisiones que permitiría a las empresas a optar a un beneficio fiscal y, a su vez, ser partícipe de mercados que contribuyan a la superación de la crisis ambiental, los que además se alinearían con los objetivos climáticos del país que priorizan el crecimiento y el desarrollo económico de sectores resilientes al clima y bajo en emisiones", recalca.