Como un recordatorio de la necesidad de impulsar cambios para hacer más eficiente el gasto público y, al mismo tiempo, incentivar la fiscalización de éste tomaron diversos actores el último informe de la Contraloría General de la República, en el cual el organismo identificó una serie de irregularidades financieras en organismos del Estado -incluyendo Gobierno, municipios y universidades estatales- por un monto de $ 1.505,7 mil millones, es decir, unos US$ 1.600 millones.
Una de las primeras en levantar la voz en torno al tema fue la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, quien puso sobre la mesa la posibilidad de bajar impuestos de la mano de una mayor eficiencia de estos montos.
“Si se ocuparan de los montos objetados por la Contraloría, podría rebajarse el impuesto corporativo en tres puntos, sin necesidad de compensación alguna”, planteó Jiménez en una carta publicada en El Mercurio.
“Si se ocuparan de los montos objetados por la Contraloría, podría rebajarse el impuesto corporativo en tres puntos, sin necesidad de compensación alguna”, planteó Jiménez en una carta de opinión publicada en El Mercurio.
Para la dirigenta gremial incluso se podría hacer más. “Alzas tributarias sucesivas no han elevado la recaudación respecto del PIB en el pasado, por lo que es perfectamente posible pensar en rebajas más audaces sin impacto en las áreas fiscales, mientras se dejan de malgastar los recursos públicos”, expuso en el escrito.
Para el director de Incidencia de Pivotes, José Antonio Valenzuela, si bien el informe refuerza que se debe mejorar la eficiencia del gasto, la mayor eficiencia de los montos objetados por Contraloría no necesariamente permitirán reducir impuestos.
“No se puede tomar el monto observado en el informe como si la totalidad fuera gasto fácilmente recortable”, dijo, y explicó que las observaciones son de diversa índole: algunas reflejan irregularidades graves, pero muchas otras corresponden a fallas administrativas o contables “que no liberan recursos al ser corregidas”, expuso Valenzuela, quien agregó que algunas incluso podrían requerir recursos para su mejora.
“Además, más de dos tercios de los montos observados corresponden a Gobiernos Regionales o Municipalidades, donde la eficiencia permitirá mejorar los bienes públicos en regiones y municipios, pero difícilmente generará holguras fiscales. En síntesis, mejorar el gasto es indispensable, pero no equivale a un margen automático para compensar los efectos de una reducción de impuestos, ni menos evidencian holguras para aumentar el gasto”, explicó.
Para el vicepresidente del Consejo Asesor Permanente para la Modernización del Estado, Ignacio Irarrázabal, se debe tener cuidado con la interpretación que se hace del informe, ya que el monto que se expone “no corresponde necesariamente a desvío de dineros públicos o fraude al fisco”.
Según explicó, son observaciones de auditoria asociadas a una diversidad de aspectos, como ‘incumplimiento de normas contables’, ‘deficiencias en el proceso de rendición de cuentas’ y otros, “son problemas importantes que hay que atender; pero, uno, pueden ser corregidos; y dos, el informe no es definitivo, pueden haber errores de interpretación o análisis en las mismas auditorías”.
Pero más allá de la discusión en torno a la eficiencia del gasto, para algunos actores este último informe volvió a relevar la necesidad de discutir el fortalecimiento de las facultades de control de la Contraloría.
“Una medida que se ha venido discutiendo desde hace largo tiempo, y que es necesario analizar, corresponde al potenciamiento de las facultades de fiscalización y control jurídico de la Contraloría”, afirmó el docente de la facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Nicolás Enteiche.
Desde su perspectiva, “existen espacios en que el control preventivo de los actos administrativos (toma de razón) no opera, porque la ley ha eximido a ciertos organismos de esta revisión (caso de la municipalidades, artículo 53 de la Ley N° 18.695). Ello debiese ser reconsiderado. De igual modo, como consecuencia del potenciamiento de las facultades de la Contraloría, se debiese considerar aumentar de su dotación”.
Para el director de Incidencia de Pivotes este reporte es la continuidad de una serie de iniciativas que se están empujando desde Contraloría para subir la vara de la gestión pública. “Al final del día no diagnosticar las enfermedades de nuestras instituciones y corregirlas a tiempo es la mejor receta para el auge de discursos que buscan desmantelar al Estado”, planteó Valenzuela.
Gobierno pone paños fríos
“Como Gobierno valoramos el rol fiscalizador de la Contraloría y el llamado es que esperamos que no sea utilizado con fines políticos para impulsar, como hemos visto en otras partes, políticas como utilizar motosierras para achicar el tamaño del Estado”, señaló la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, este lunes en el Palacio de La Moneda.
La vocera explicó que “esto no es una revelación o un informe que nos pille por sorpresa, este es un trabajo que hace permanentemente la Contraloría y que el Gobierno ha tomado con mucha seriedad en estos tres años, en un seguimiento permanente de las acciones que están tomando los servicios para resolver los hallazgos del informe”.
Por su lado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, sostuvo que “debemos ver el tema del control externo como parte de la institucionalidad del Estado, no como algo político que sale al debate por las elecciones o un conflicto político, es parte del control externo que se hace con rigurosidad y que, al mismo tiempo, los servicios públicos responden con prontitud a las observaciones que se les hacen”.
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