El ambiente está tenso en Av. Parque Isidora 1061, Pudahuel, donde se encuentran las oficinas del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Un edificio moderno que se levantó hace unos años con la finalidad de tener unas dependencias acorde con el rango de la institución, que coordina a 852 empresas, que cubren el 98,5% de cobertura de la población.
Marta Cabeza, la superintendenta de Electricidad y Combustibles, dio el golpe de gracia con su última formulación de cargos esta semana, donde responsabiliza al Consejo Directivo del CEN y a ocho empresas eléctricas de transmisión y generación, por su eventual responsabilidad en el apagón que se extendió desde las regiones de Arica hasta Los Lagos el pasado 25 de febrero. Es el tercer cargo que le formula a la entidad en menos de dos meses.
En esta última formulación, la SEC señaló que el Coordinador habría estado operando el sistema en condiciones inseguras, al mantener el corredor Nueva Maitencillo-Polpaico transmitiendo a 1.800 MW, superando el límite de 1.600 MW definido como seguro. La SEC fue lapidaria, dijo textual: "Esta operación expuso al Sistema Eléctrico Nacional a un riesgo elevado de inestabilidad ante contingencias, como la que finalmente ocurrió”. Por ello, formuló cargos al Consejo Directivo del Coordinador, por infringir su deber de vigilancia sobre la operación del sistema.
También en el documento de formulación de cargos se nombran otros antecedentes, pero este último es el que más peso específico tiene para los próximos hitos que estarían por venir.
¿Remoción?
Este jueves en Tele 13 Radio, el ministro de Energía, Diego Pardow señaló: “La confianza se sostiene en la capacidad de las instituciones para resolver problemas y proveer soluciones, pero también en hacerse respetar. En circunstancias como ésta es lógico que aumenten las señales de disuasión, porque algo de esta naturaleza no se puede repetir. En sistemas como el nuestro, que las cosas no se vuelvan a repetir dependen, en buena medida, de que los castigos y consecuencias sean tan severos como la gravedad de lo que ocurrió”, añadió. Cita que algunos interpretaron como la posibilidad de que tras las multas y formulación de cargos, vengan otros hitos más duros como la remoción al Consejo o parte de él.
Al analizar los cargos cursados por la SEC, estos “calzan” con varias de las causales numeradas en la Ley General de Servicios Eléctricos, artículo 212° -5, que señala que los consejeros podrán ser removidos de su cargo por el Comité Especial de Nominaciones por abandono de funciones, negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, entre otros. En tanto, la SEC en su formulación de cargos al consejo indicó, que se presentaba por “infringir su deber de vigilancia sobre la operación del sistema”, es decir, por abandono de funciones.
Por esta razón ya comienza a aparecer en el sector el fantasma de la remoción, la duda es si sería para todo el consejo o parte de éste, que está presidido por Juan Carlos Olmedo y también conformado por los consejeros Bernardita Espinoza, Carlos Finat, Jaime Peralta y Humberto Espejo.
Para que esto ocurra, la SEC tendría que solicitar la remoción por causa justificada al Comité Especial de Nominaciones. Para ello, según fuentes cercanas al proceso, no sería necesario que la investigación haya concluido, la formulación de cargos es suficiente para realizarlo, argumentando falta de idoneidad.
Para la causal de negligencia, en tanto, se requeriría que esté el proceso sancionado, al igual que para argumentar abandono de funciones, porque en sus descargos el coordinador podría demostrar que sí hicieron bien la labor de coordinación y que el blackout fue por responsabilidad de las empresas.
Sin embargo, expertos estiman que la SEC va a querer cerrar el proceso de investigación antes de solicitar un proceso de remoción. “Como es un caso de connotación publica el plazo es sacarlo lo antes posible, la idea es evacuar la sanción o no sanción lo antes posible”, indican fuentes cercanas al proceso.
El Comité Especial de Nominaciones, que es el encargado de decretar la remoción, está compuesto por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía; un consejero del Consejo de Alta Dirección Pública; el Presidente del Panel de Expertos o uno de sus integrantes designado para tal efecto y el Presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia o uno de sus ministros designado para tal efecto.
A juicio de algunas fuentes consultadas este es el escenario más complejo, porque se trata de un proceso público que expondría al coordinador a una presión mediática e interna de gran alcance. “Puede tardar meses, los cuales pueden ser muy complejos para quienes están en el proceso y para la institución, que se verá sometida a escrutinio público, debilitando su institucionalidad, porque sin duda estará bajo cuestionamiento su independencia”.
Por esta razón, quienes cuestionan la posición del CEN apuntan a que un camino para descomprimir esta presión es que el propio titular diera un paso al costado, más que apuntar a la salida del consejo en su conjunto.
En ese sentido recuerdan lo que sucedió hace más de 20 años en el Banco Central, luego del robo de información desde la entidad, protagonizado por la secretaria del presidente de la entidad, Carlos Massad y que derivó en los escándalos financieros protagonizados por el derrumbado holding financiero Inverlink.
Tras semanas de presión, Massad dimitió y explicó que la solidez del sistema financiero y monetario del país, con una inflación y dólar controlado, le permitía tras seis años de gestión abandonar la cabeza del instituto emisor.
En los círculos del Central en esa época respiraron tranquilos, porque el gesto había descomprimido la tensión y el temor que se pusiera en peligro la independencia de la entidad y su institucionalidad.
Pero, en este caso, el ánimo dentro del coordinador sería otro: defenderse hasta al final. Y en su favor, cercanos a la institución enfatizan que para proteger la institucionalidad, ante todo, deben dar la pelea.
Si bien la autoridad no lo ha confirmado oficialmente, se estima que cualquier movimiento referente a la petición de remoción tendría que ser ejecutado antes de la primera vuelta presidencial de noviembre.
La carta del CEN ante los cargos y multas
Aunque hasta ahora los descargos del CEN han estado en el plano administrativo, en el caso de las multas, tendría una carta que jugar.
Para ello se ampararía en el reglamento de sanciones de la SEC, en el capítulo que se refiere a los recursos, en el artículo 24, donde se indica que “el afectado podrá reclamar de la sanción ante el juez de Letras en lo Civil que corresponda, dentro del plazo de diez días, contado desde la fecha de notificación de la resolución. Lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9° de la Ley 18.575”.
En tanto, en el artículo 25 se agrega que “deducida oportunamente la reclamación, se suspenderá la aplicación de la sanción o el plazo establecido para el pago de multa, en su caso. El reclamo se resolverá previo informe de la Superintendencia y audiencia del afectado y su fallo podrá ser apelado”.
Esta sería la carta que jugaría el coordinador ante las multas, lo cual demoraría el proceso por un buen tiempo, incluso hasta tres años.
Pero volviendo a lo más inmediato, por estos días el CEN trabaja en los descargos por los cargos presentados por la SEC por el apagón de febrero.
Según la investigación de la SEC, el organismo habría estado operando el sistema en condiciones inseguras. Esto, al mantener el corredor Nueva Maintencillo-Polpaico transmitiendo a 1.800 MW, superando el límite de 1.600 MW definido como seguro por sus propios estudios.
Aunque se abre un plazo para presentar sus descargos, la defensa del organismo apostaría a lo que han señalado públicamente en cuanto a que la línea se encontraba dentro de los límites operativos habituales. De hecho, se apoyarían en que la Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio ampara una operación en torno a los 2.000 MW.
También, comentan fuentes, el Coordinador también podría argumentar que, si bien la línea opera desde 2019, recién la SEC estaría identificando que se está transgrediendo el límite. A lo que se suma que, antes del apagón, la presión de la industria ha sido en torno a que el organismo flexibilice los criterios de operación para obtener más beneficios de la línea.
Así las cosas, una historia que está lejos de terminar.