No sólo el gabinete del nuevo Gobierno marcará la agenda de este mes. Ya se activó también la cuenta regresiva para la publicación de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2024 por parte de la actual administración, cuyo contenido promete volver a posicionar la pobreza en el centro de la discusión. Y no será por las mejores razones, sino que por la presión pública que probablemente surgirá ante la constatación de un alto porcentaje de la población en situación vulnerable.
Un escenario del que ya se hizo eco el libro realizado en conjunto por Libertad y Desarrollo y la Fundación Miguel Kast bajo el nombre “De la medición a la acción. A 50 años del mapa de la extrema pobreza”. En su centro, el texto revive la propuesta de avanzar en la aplicación en el país de lo que se conoce como Impuesto Negativo al Ingreso del Trabajo (INIT), una herramienta que busca mejorar el bienestar de las familias e impulsar el mercado laboral y que podría tener eco técnico, pues ha sido planteada en distintos espacios del debate tributario, entre ellos por el exministro de Hacienda Ignacio Briones y ha sido estudiada en centros de análisis y trabajos académicos.
Como lo explicó el economista y autor de la investigación, Andrés Hernando, se trata de una política redistributiva de ingresos que opera a través del sistema de impuesto a la renta. Es decir, es una transferencia monetaria que se entrega a quienes tengan ingresos que se consideren bajos y que cuenten con un empleo formal, no tiene un piso de base y llegaría hasta la mitad de la línea de pobreza del beneficiario.
Finalmente, se retira decrecientemente conforme los sueldos van aumentando.
“En lugar de pagar impuestos, recibes un subsidio, que son impuestos negativos por cada peso generado por la vía de tu trabajo”, señaló el también director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Diego Portales.
Con todo, el instrumento, calcula Hernando, podría sacar de la pobreza a más de un millón de personas, reducir la brecha de pobreza en 35% e incorporar a cientos al mercado laboral.
Además, garantiza que el beneficiario nunca experimenta desincentivos a generar más ingresos, ya que el total siempre aumenta cuando los relacionados al trabajo crecen. Por lo que se preservan los incentivos a que las personas busquen mejores oportunidades laborales, estén dispuestas a tomar más responsabilidades que aumenten su salario o, en caso de trabajo parcial, busquen incrementar las horas que trabajan.
El diseño
El ejercicio se realizó sobre la base de que la tasa de pobreza de 22,2% -es decir, aquella calculada en julio con la nueva metodología propuesta por la comisión asesora para la actualización de la Casen-, lo que corresponde a 1.502.710 hogares en pobreza con una brecha promedio por hogar de $ 186.282 mensuales, es decir, cuánto falta para llegar a la línea de pobreza.
De esta manera, se diseñó un INIT que paga un monto base de $ 50.000 al beneficiario y $ 40.000 por cada carga, hasta la tercera.
El pago máximo se alcanza cuando los ingresos del trabajo alcanzan la mitad de su línea de pobreza respectiva, por lo que en ese momento el sistema le transfiere la otra mitad de su línea.
El segmento en el que este pago se mantiene constante tiene un ancho de $ 50.000, a partir de ese momento, el beneficio se va reduciendo a razón de $ 500 por cada $1.000 extra que genera el beneficiario.
Dada esta lógica, se calcula que la tasa de pobreza bajaría de 22,2% a 16,4%, es decir, en un 26,4%, lo que se traduce en 1.166.000 personas.
Hernando explicó que este grupo corresponde fundamentalmente a personas que tienen mayor disponibilidad de salir a trabajar.
“No es solamente que sea gente de la parte más dura de la pobreza, que es probablemente personas que tienen más impedimentos para salir a trabajar, sino que son personas que están mucho más cerca de ese margen”, dijo.
Mejor mercado laboral y continuar con programas
No obstante, el autor advirtió que el diseño supone que todas las personas que salieron a buscar trabajo, lo encontraron, por lo que se condiciona a tener una economía más dinámica que la actual.
Además, para que funcione el INIT se necesitan condiciones que permitan trabajar, especialmente para mujeres; un sistema tributario eficiente que pueda pagar beneficios sociales; complementariedad con otras políticas sociales; espacio fiscal; y voluntad política.
De todas formas, el instrumento también presenta restricciones: no beneficia a personas que no pueden trabajar y, al operar generalmente mediante pagos anuales, no siempre responde a las necesidades más urgentes de los hogares.
Además, solo se hace cargo de la pobreza por ingresos y no resuelve otras faltas multidimensionales, por lo que no puede reemplazar programas sociales específicos.
“Solo por tener más ingresos, no vas a tener mejor acceso a educación o mejor acceso a servicios de salud. Esas carencias, digamos, tienen que seguir siendo provistas. Así que esto es una forma de aproximarse al problema de la pobreza, pero no es una solución”, dijo Hernando.
De hecho, afirmó que el INT “no es una bala de plata, no saca a todo el mundo la pobreza ni soluciona todos los problemas que lleva aparejado una situación de pobreza que es mucho más compleja que solo el hecho de no tener suficientes recursos monetarios”.