Finalmente y a tres semanas del acuerdo entre el Gobierno y los funcionarios públicos, este martes ingresó al Congreso el proyecto de reajuste a los funcionarios estatales, texto que ha estado en el centro de la discusión por lo que la oposición considera un "amarre" al establecer condiciones para la no renovación de trabajadores a contrata ad portas del cambio de Gobierno del próximo 11 de marzo.
En el texto, de 167 páginas de extensión, el Ejecutivo entrega detalles del acuerdo alcanzado con la Mesa del Sector Público y que implica un reajuste de remuneraciones de 3,4% nominal, dividido en dos momentos: de 2% a contar del primero de diciembre y de 1,4% a partir del primero de junio de este año.
Así, el texto en su conjunto -reajuste más normas misceláneas- implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones para este año y US$ 1.274 millones el próximo año, así como US$ 1.267 millones en régimen.
Esto es menor que los US$ 2.241 millones que costó el reajuste anterior, es el menos costoso desde 2020 y un 10% más bajo que el promedio de la última década, acorde al Ministerio de Hacienda.
La propuesta también incorpora una serie de medidas misceláneas, como postergar el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027, lo que también implica lo mismo para el reavalúo agrícola, que se realizaría en 2028 en lugar del 2027.
Según una presentación realizada por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ante la comisión del ramo de la Cámara, el monto del reajuste de remuneraciones y subvenciones será de US$ 881 millones este año, el más bajo desde el 2018.
La propuesta legislativa incorpora un reajuste del aguilando de Navidad de los funcionarios públicos activos, a $ 71.206 para quienes perciban hasta $ 1.060.493 líquidos mensual; y a $ 37.666 para quienes ganen más de ese monto y que no excedan los $ 3.511.800 mensual.
El aguinaldo de Fiestas Patrias, en tanto, se reajusta a $ 91.682 para quienes reciban menos de $ 1.060.493 líquidos y a $ 63.645 para quienes superen dicho umbral y no perciban más de $ 3.511.800. También se reajustan los bonos de escolaridad, el aporte para servicios de bienestar, bono de vacaciones, el bono de invierno para pensionados y la bonificación de nivelación para alcanzar la remuneración mínima.
Artículos polémicos
Asimismo, el Gobierno oficializa los artículos que generaron controversia con la oposición y el Gobierno entrante, al establecer normas especiales para aplicar la no renovación de trabajadores bajo régimen de contratas o su renovación en condiciones distintas.
En específico, se plantea que que la no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios "objetivos y suficientemente acreditados".
Además, se exige la notificación íntegra y oportuna del acto, contempla la remisión a la Contraloría para su registro, y reconoce, para quienes cuenten con al menos dos años de servicios continuos a contrata, la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad.
También, se mandata a que los asesores de gabinete deberán presentar su renuncia a más tardar durante febrero y hacerse efectiva a partir del 11 de marzo.
"Si ello no ocurre, el cese se concretará mediante la petición de renuncia de la autoridad que efectuó la designación, produciéndose igualmente el término de sus funciones, por el solo ministerio de la ley, desde esa fecha", dice la propuesta del Ejecutivo.
La iniciativa no será aplicable a los altos directivos públicos y su personal asesor, cuyo cese de funciones se materializará de acuerdo a las normas que regulan el Sistema de Alta Dirección Pública o aquellas a las cuales se encuentren afectos, según corresponda. Tampoco regirá para el personal que haya sido designado a contrata con anterioridad al 11 de marzo de 2022.
Los otros cambios
La propuesta también incorpora una serie de medidas misceláneas, como postergar el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027, lo que también implica lo mismo para el reavalúo agrícola, que se realizaría en 2028 en lugar del 2027; establecer un plazo especial para solicitar la rebaja del impuesto territorial sobre predios ocupados; y ampliar el giro de empresas estatales como Correos de Chile al rubro de la logística y de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) al hidrógeno verde.
Asimismo, el proyecto establece la prórroga del teletrabajo hasta 2028 para instituciones de educación superior estatales, Gobiernos Regionales, instituciones del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
Volviendo a materias laborales, se precisa que no se puede suspender el pago de asignaciones o exigir reintegrados a los directorios de asociaciones de funcionarios por hacer usos de permisos. También, se establece que las asambleas de dichas agrupaciones se realizarán "preferentemente" fuera de horario laboral.
Adicionalmente, se incorporan excepciones a la norma que establece el retiro de funcionarios estatales de 75 años o más, señalando que podrán ejercer cargos afectos al Sistema de Alta Dirección Pública, así como cargos de ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, de exclusiva confianza y cargos de elección popular. Tampoco cesarán en sus funciones las autoridades unipersonales electas y los académicos de universidades estatales que se indican en la norma.
Se armonizan normas relacionadas con las 40 horas, en cuanto a la mantención de remuneraciones y beneficios por las jornadas laborales de 44 o 45 horas.
También se crean seis nuevos cargos directivos de planta en el Instituto de Previsión Social (IPS), además de 14 nuevas plantas directivas en oficinas regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en Arica y Parinacota, Los Ríos y Ñuble. Sin embargo, el proyecto no incorpora otros cambios que le expuso Hacienda a asesores de parlamentarios la semana pasada, como el traspaso de 71 funcionarios a contrata desde la Dirección General de Obras Públicas a la subsecretaría del ramo; la creación de cargos de planta en la Dirección de Obras Hidráulicas; y permitir destinar al exterior a personal de contrata de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).
Otra norma miscelánea es la exención del impuesto verde a los vehículos de la Policía de Investigaciones (PDI); la extensión desde 2026 hasta 2028 del Fondo de Emergencia Transitorio para la Reconstrucción de Valparaíso; se permite que los médicos cirujanos que están eximidos de aprobar el Eunacom puedan emitir licencias médicas; y se regula la autorización para que las mutualidades de empleadores presten atención médica a terceros.
Ejecutivo se niega a dividir el proyecto
La iniciativa, ingresada con suma urgencia, podría cambiar de calificación a discusión inmediata, ante una solicitud del oficialismo al ministro Grau, debido a la importancia de avanzar rápidamente en la aprobación del reajuste fiscal. Ello, en el marco de la primera sesión de la comisión de Hacienda de la Cámara abocada a la discusión de la propuesta que incluye las normas misceláneas, y misma en que la oposición se enfocó en la defensa de los intereses del futuro Gobierno, acusando al actual de querer provocar que los funcionarios públicos salgan a la calle, cuando no estén los recursos para el reajuste.
“No podemos comprometer al próximo gobierno si no están los recursos”, así de directo fue el jefe de la bancada de RN, diputado Frank Sauerbaum, mientras que el republicano Agustín Romero exigió a Grau que en la sesión de mañana miércoles traiga “el número exacto” de los favorecidos con la norma de estabilidad laboral.
La oposición presionó desde el inicio de la sesión para que el Ejecutivo acceda a dividir el proyecto, bajo el argumento de que de ese modo avanzará más rápido el reajuste fiscal, puesto que entre las normas misceláneas hay muchas que es necesario analizar con más calma y eso hace más lento el trabajo. Sin embargo, primero los propios diputados oficialistas y luego el propio ministro cerró de plano la puerta a esta posibilidad, invitando a las fuerzas opositoras a buscar acuerdos o votar derechamente en contra de aquellas normas que no compartan con el Ejecutivo.
El titular de Hacienda también fue franco en sus razones, explicando que no tiene sentido la división de la propuesta, porque “esta administración no tendría tiempo para tramitar la segunda parte”. No obstante, manifestó su disposición de ponerle urgencia de discusión inmediata e invitó a los integrantes de la comisión a avanzar aceleradamente, argumentando que el promedio de tiempo que lleva el reajuste fiscal en su tramitación es de dos a dos semanas y media. Además, aun reconociendo que esta es un poco más larga, Grau recalcó que todos los proyectos de reajuste fiscal se tramitan de la misma manera.
Por otro lado, el ministro se defendió asegurando que, muy por el contrario de lo que alega la oposición, “la mayoría de estos puntos arreglan problemas a la administración que vienen”, aludiendo al contenido de las propuestas misceláneas.
En este escenario, cumplido el tiempo de la sesión, el presidente de la comisión de Hacienda, diputado comunista Boris Barrera, anunció que la primera sesión de este miércoles, que podría ser destinada a que el ministro Grau respondiera a las dudas planteadas en esta, se iniciará a las 08:30 horas y aclaró inmediatamente que podría haber nuevas citaciones durante la jornada.
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