Al término de cada período presidencial se observa un proceso de migración de profesionales desde el mundo público al privado, y también a la inversa. Entre quienes más se repiten están los abogados que, por distintas razones, optan por volver a la práctica de las leyes ya sea en un estudio jurídico o desde la empresa. ¿Qué desafíos deben superar estos profesionales, qué inhabilidades deben sortear y cómo es este proceso de retorno al mundo privado para quienes hacen el tránsito?
La abogada y consultora senior de Idealis Legal Recruitment, Catalina González, explica que los roles jurídicos no son inmunes a los efectos de un cambio de Gobierno, por lo que “se da una gran migración de abogados al sector privado” cuando esto ocurre. Destaca que uno de los factores comunes entre estos profesionales es “el gran nivel de expertise, tanto profesional como académico, en materias de derecho público, administrativo, políticas públicas y regulación sectorial, que es en general un asset que se valora en el sector privado”.
Añade que, mayoritariamente, estos profesionales han cursado postgrados afines a las materias que han desempeñado, ya sea en Chile o en el extranjero, y muchos pueden llevar varios años trabajando en áreas técnicas en el sector público, lo que les da un conocimiento profundo. Incluso —indica— se producen similitudes en las habilidades blandas requeridas en el mundo público, herramientas traspasables también al privado.
No obstante, advierte que “existen ciertas inhabilidades” para quienes aspiran a dar el paso al sector privado tras desempeñarse en entidades fiscalizadoras. Especifica que exautoridades o exfuncionarios “no pueden trabajar directamente en entidades fiscalizadas hasta seis meses después de haber dejado el cargo”. Asimismo, plantea que “también se deben manejar con cuidado potenciales conflictos de interés, por el tipo de información al que se haya tenido acceso”.
Evitar la “puerta giratoria”
El abogado Cristóbal Liberona, de Liberona Escala Abogados, quien pasó del mundo privado al público y viceversa, coincide en que las firmas buscan a estos profesionales porque “el valor diferenciador es la experiencia de haber trabajado ‘desde adentro’”. Agrega que “entender cómo funciona el aparato público, cómo se diseñan las regulaciones y cómo se toman decisiones bajo máxima presión es una ventaja competitiva invaluable”.
Asimismo, señala que, para evitar la llamada “puerta giratoria” entre el mundo público y privado, “existe una regla en la que los exfuncionarios de instituciones fiscalizadoras no pueden tener una relación laboral ni prestar servicios a entidades privadas que estuvieron bajo su fiscalización directa”, durante un tiempo determinado.
Liberona, quien desarrolló su carrera como abogado tributarista en el sector privado y luego llegó a Hacienda durante el segundo período del expresidente Sebastián Piñera, reflexiona que el regreso al mundo privado “se entiende como una apuesta de largo plazo”.
Desde su perspectiva, el principal desafío es “definir el norte tras una experiencia tan intensa”, pues el paso por el Ministerio de Hacienda le abrió “una perspectiva profesional mucho más sistémica” y comprendió que su mayor aporte estaba “en volver al Derecho Tributario desde una dimensión que integra la técnica legal con la comprensión profunda del diseño de las políticas públicas”.
En el caso de Eliana Muñoz, quien desarrolló una extensa carrera en el mundo público hasta llegar al cargo de fiscal nacional del Ministerio de Obras Públicas (MOP), decidió migrar al sector privado buscando “un lugar en que la experiencia y conocimientos adquiridos en la función pública realmente aporten valor a empresas o inversionistas del sector privado”.
Para Muñoz, el valor de un exfuncionario o exdirectivo público para un estudio jurídico debiera radicar “en su conocimiento regulatorio interno, su real conocimiento del Estado y su toma de decisiones, que tiene un razonamiento totalmente distinto al de las empresas”.
En ese sentido, plantea que el desafío es cómo quienes dan el paso al sector privado “pueden ser un activo para empresas o proyectos, sin caer en que la oferta sean contactos, acceso preferente o conocimientos generales de derecho administrativo”. Esto porque, a su juicio, la preparación y las capacidades técnicas son aspectos que también se desarrollan dentro de la función pública, por el nivel de involucramiento que tienen en negociaciones complejas con empresas privadas y abogados de los mejores estudios jurídicos chilenos y extranjeros.
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