En días en que la atención mundial está en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, una de las aristas que ha sido parte de la historia de ese país es el abultado número de casos que ostenta por arbitrajes de inversiones.
Si bien fuentes consultadas sostienen que es complejo determinar con absoluta certeza cuántos casos son en definitiva, dado que existen arbitrajes ad hoc que no siempre quedan reflejados en las bases de datos institucionales disponibles (que sería, de todas formas, una minoría), el socio de Jana & Gil y experto en arbitraje internacional, Andrés Jana, es tajante: “En materia de arbitrajes de inversiones, Venezuela es efectivamente el país que enfrenta más casos actualmente”.
Su convicción se evidencia al revisar el registro de Investment Policy Hub de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UnctadD, por su sigla en inglés), donde se incluyen todos los casos públicamente conocidos, que representan una amplia mayoría. Allí se da cuenta que Venezuela actualmente tiene un total de 66 procesos, superando a otros Estados como Argentina con 65 casos, México con 60, España con 58 y Egipto con 48.
La mayoría de las demandas se agrupan bajo el paraguas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). De acuerdo a los registros, son 57 casos se han tramitado o tramitan bajo este mecanismo. Eso sí, en una revisión regional, es posible advertir que Argentina tiene 59 casos. Otros países con un gran número de demandas de inversionistas extranjeros son México (55), Perú (48), España (44) y Egipto (38).
Felipe de Marinis, socio de Bofill Mir Abogados.
Sin embargo, en esta historia es relevante recordar que Venezuela se retiró del Ciadi en el año 2012 tras notificar al Banco Mundial su denuncia al Convenio Ciadi. Por esto, esta institución no está disponible como vía de reclamo para nuevos inversores que busquen demandar al Estado venezolano a través de este mecanismo, lo que explica –dicen los expertos- el uso de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) en los últimos años.
La causa tras la pesada mochila de casos se debe a medidas adoptadas desde el entonces presidente de ese país, Hugo Chávez, hasta Maduro, en que -por ejemplo- se impulsaron expropiaciones sin compensación, y restricciones en el tipo de cambio. Industrias como el petróleo o la minería resintieron especialmente las acciones, gatillando demandas.
“Si bien los Estados en tanto soberanos siempre tiene el poder de expropiar o nacionalizar una inversión, tanto la regulación doméstica (como ocurre en Chile, por ejemplo) como la regulación internacional, exigen que los estados soberanos compensen a los inversionistas afectados por una medida expropiatoria o de nacionalización”, explica el socio de Bofill Mir Abogados, Felipe de Marinis.
Andrés Jana, socio de Jana & Gil y miembro de la lista de árbitros del Ciadi.
El resultado de las controversias
En el marco de los conflictos entre inversionistas y Estados, Jana -quien también es miembro de la lista de árbitros del Ciadi- aclara de entrada que no existe una “postura oficial” del Ciadi o de la PCA como instituciones sobre los casos contra Venezuela. “El Ciadi facilita el proceso (por ejemplo, administrando listas de árbitros, así como la logística de las audiencias), pero no elabora doctrina ni emite posiciones institucionales sobre los Estados demandados”, recalca.
Eso sí, este jurista recoge que, del universo de 66 casos, seis han sido discontinuados y otros seis han sido concluidos por un acuerdo transaccional. Por su parte, actualmente existen 12 casos en trámite. De los casos que efectivamente obtuvieron una decisión final, añade, 24 han sido en favor del inversionista extranjero, y 18 en favor de Venezuela.
“Estas cifras muestran que, cuando los tribunales arbitrales sí han emitido decisiones sobre el fondo de las reclamaciones, los inversionistas han obtenido la mayoría de las decisiones favorables”, puntualiza Jana.
En la misma línea, De Marinis sostiene que los resultados dependen del caso concreto y del tratado que sea aplicable: “Existen laudos que han condenado a Venezuela a pagar compensaciones significativas -como en el caso ConocoPhillips, en el que se le ordenó pagar más de US$ 8 billones por la expropiación de activos petroleros–, así como otros en que se han desestimado las reclamaciones formuladas por los inversionistas”.
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Karen Peña
