El Tercer Tribunal Ambiental resolvió admitir como "terceros independientes" a los vecinos de Cerro Amarillo en la causa caratulada "Inmobiliaria Lincoyán SpA con SEA", un litigio que busca revertir la paralización del megaproyecto inmobiliario "Torre Lincoyán" en el centro de Concepción, calificado por sus detractores como el primer “gueto vertical” de la ciudad, y cuya resolución definitiva demorará entre seis y 12 meses.
Tras poco más de una hora de alegatos, los magistrados validaron la participación de los vecinos en el juicio iniciado por la compañía, que recurrió a la justicia luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) del Biobío anulara la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa.
La disputa judicial mantiene en suspenso una inversión valorada en US$ 14 millones por parte de Inmobiliaria Lincoyán SpA., que proyecta la construcción de un edificio de 25 pisos en el casco histórico de la ciudad, donde se levantaría 342 departamentos, 168 estacionamientos y tres locales comerciales. Estas variables han generado la resistencia vecinal debido a la alta densificación e impacto vial que el edificio tendría, sustentado en el argumento de que más de la mitad de los departamentos considerados en el diseño original no superan los 33,5 metros cuadrados de superficie.
Plazos
Al complejo escenario judicial se suma la presión de los plazos normativos vigentes. Carlos Alvear, coordinador del comité "No a la Torre Lincoyán" y vecino del sector, detalla que la inmobiliaria obtuvo la RCA en 2023. "Está aprobada, pero invalidada; por lo tanto no pueden construir”.
El edificio, que durante 2023 y 2024 habría realizado movimientos visibles para comenzar la construcción, enfrenta otro problema. Según comenta el dirigente vecinal, en abril vence el permiso de edificación, un documento que Alvear plantea tiene vigencia “por un Decreto Supremo (Nº33) que prorrogó todos estos proyectos de altura en Concepción por 18 meses más”, pues en rigor, debió caducar en octubre de 2024.
Durante los alegatos, el Tribunal argumentó que la incorporación de la Junta de Vecinos Cerro Amarillo en el juicio responde a que existe comprobación de que este grupo ciudadano es quien inicialmente solicitó la invalidación administrativa de la RCA y poseen un "interés actual" en el caso.
“Gueto vertical”
El rechazo de la comunidad se fundamenta en un severo cuestionamiento al diseño y los impactos urbanísticos de la iniciativa inmobiliaria. Entre los principales reclamos destaca la envergadura del proyecto, que con 25 pisos se convertiría en el edificio más alto de la ciudad, emplazado "en un sector donde el plan regulador actual, sólo permite siete niveles", comenta el vocero de los vecinos.
Respecto a la carga habitacional, Alvear destaca que el impacto urbano del proyecto inmobiliario se traduciría en que "sería la manzana más poblada de Concepción, donde ya hay dos edificios. Se va a llegar a cerca de 3 mil habitantes. La meta de la municipalidad para densificar estos barrios, que tienen población mayor, es de 300 habitantes por manzana. Esta va a tener 10 veces más. Eso va a generar impactos viales fundamentales".
Esta es la razón por la que los opositores a la “Torre Lincoyán” hablan de “gueto” vertical, un concepto que el representante de los vecinos reconoce fue tomado sobre lo ocurre en algunos barrios de Santiago y que aplicaría, por características a la realidad de este inmueble.
Desde una perspectiva económica a largo plazo, advierte sobre el riesgo que asume el cliente final. "La mayoría de estos departamentos son de 30 metros cuadrados (...) No es un proyecto habitacional orientado a crear el concepto de familia. Las garantías de estos inmuebles vencen a los 10 años. En 10 años la inmobiliaria se retira y deja al ciudadano, al residente, al comprador o al inversionista con el problema, teniendo que resolver después todos los impactos que generó", concluye Alvear.
A partir de ahora y de acuerdo a los plazos estimados, el Tribunal Ambiental se tomaría para resolver sobre la causa entre seis y 12 meses. Tras eso y si es que el fallo no es favorable a los vecinos, las organizaciones sociales declararon que recurrirán a la Corte Suprema.
DF Regiones ha intentado ponerse en contacto con representantes legales de la inmobiliaria, sin éxito hasta ahora.
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