El “Gobierno de Emergencia” que enarboló el ahora Presidente José Antonio Kast en campaña se hizo realidad este miércoles, con la firma de seis medidas -entre decretos, instructivos y un nombramiento-, entre ellos, el plan de un “escudo fronterizo”, un exhaustivo control migratorio, una auditoría amplia y profunda a todos los ministerios e instituciones del Estado, y el reforzamiento del plan de reconstrucción en zonas afectadas por desastres naturales. Pero entre las disposiciones más esperadas por el sector empresarial estuvo aquella que busca resolver los atrasos en la tramitación de permisos.
Se trata de una instrucción presidencial para destrabar 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Esta directriz contempla agilizar aquellos proyectos con resolución de calificación ambiental aprobada (RCA) que enfrentan postergaciones de corte administrativo “fuera de todo plazo”. Esto viabilizaría inversiones por US$ 16 mil millones.
Para despejar las iniciativas, se establecen nuevos plazos. En el caso de recursos vencidos, la resolución máxima es de 90 días corridos desde la recepción del oficio respectivo.
En aquellos procesos donde hay recursos ante la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se fija un lapso total de 30 días hábiles. En esta situación hay 20 declaraciones de impacto ambiental (DIA) que suponen inversiones por US$ 6.500 millones.
Sobre aquellos proyectos con reclamaciones que escalan al Comité de Ministros, se establece que su resolución concluya en un máximo de 60 días hábiles. En este trámite están entrampados 22 proyectos con estudios ambientales por US$ 9.800 millones. Además, el Gobierno detalló que hay nueve proyectos adicionales con RCA en trámite con permisos atrasados.
Adicionalmente, a través de un decreto se optó por trasladar la tarea de reconstrucción desde el Ministerio de Desarrollo Social al de Vivienda.
Auditoría total
Para mejorar la gestión del sector público, se realizará una amplia auditoría a los ministerios e instituciones del Estado.
“Se trata de un mecanismo que establece una línea de base técnica y política, permitiendo que cualquier irregularidad sea detectada y denunciada de inmediato bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad”, dice el instructivo.
Para ello se creará una “fuerza de tarea” para liderar la coordinación, que incluye al subsecretario del Interior, Máximo Pavez; a su par de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; y de la Segpres, Constanza Castillo, pero con reportes directos al Presidente de la República.
Medidas fronterizas
También, la nueva administración impulsará la creación de una Política Nacional de Cierre Fronterizo y declaración de zona militar. Se trata de la determinación y delimitación geográfica del sector más vulnerable de la frontera con Bolivia, para fortalecer el control territorial.
Para ello, habrá un incremento de medios militares en sectores críticos de la Macrozona Norte; mejoramiento de la vigilancia mediante drones, medios y sensores optrónicos; y perfeccionamientos de las comunicaciones críticas en zona fronteriza. Este trabajo abarca -en especial- las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, y Antofagasta.
Además, involucrará al Ejército de Chile, Ministerio de Defensa y el Ministerio de Obras Públicas.
También se contempla la implementación del “Plan Escudo Fronterizo”, el cual tendrá cuatro ejes centrales: protección fronteriza efectiva (como la erradicación de pasos no autorizados); integración institucional (entre las carteras de Interior, Defensa y Seguridad Pública); modernización tecnológica (drones, cámaras térmicas, barreras físicas, entre otros); y derechos y Estado de Derecho, lo cual apunta a la reconducción y rechazo con pleno respeto al marco legal.
Otra medida es la designación de Alberto Soto como comisionado presidencial para la Macrozona Norte.
Minerales críticos
A lo anterior, según publicó Bloomberg, se sumaría la firma este jueves de amplios acuerdos con Estados Unidos para reforzar la cooperación en minerales críticos y asuntos de seguridad.
Este paso, dijo la agencia, apunta a un creciente giro respecto de la histórica relación equilibrada de Chile entre EEUU y China, sus dos mayores socios comerciales.
La delegación estadounidense incluye al subsecretario de Estado, Christopher Landau. También estará presente Joseph Humire, subsecretario adjunto interino de Defensa para Seguridad Nacional y las Américas.
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