La judicialización en el sector pesquero industrial frente a Ley de Fraccionamiento suma un nuevo actor en la Región del Biobío. La compañía FoodCorp, perteneciente al grupo noruego Austevoll Seafood, confirmó que interpondrá acciones legales formales en contra del Estado de Chile ante el daño que la normativa ha generado en el patrimonio de la empresa, estimado en más de US$ 100 millones.
Con esta decisión, FoodCorp se suma a la arremetida judicial que iniciaron Camanchaca, Blumar y Landes, consolidando un bloque industrial frente al cuerpo legal que modificó la distribución de cuotas entre el sector artesanal y el industrial. A este grupo también se suma la pesquera Alimar, que ya anunció que procederá legalmente en la misma línea acusando incluso que el impacto podría poner en riesgo la inviabilidad de sus proyectos.
Certeza jurídica
La acción legal de FoodCorp, liderada por el estudio jurídico Montt y Compañía, acusa que la legislación genera graves efectos patrimoniales producto de la disminución de sus cuotas de pesca y el término anticipado de asignaciones que, originalmente, estaban vigentes hasta el año 2032. La firma sostiene que estas cuotas históricas operaban en la práctica como concesiones otorgadas por 20 años.
Andrés Daroch, CEO de FoodCorp Chile, enfatizó sobre el daño a la certeza jurídica. “Nuestro sector tiene la convicción de que estamos frente a una expropiación encubierta, pues se nos ha privado de una participación en las asignaciones de pesca que durante años fueron el sustento de inversiones, contratos de trabajo de cientos de colaboradores, acuerdos de abastecimiento y compromisos en mercados internacionales. Reglas claras que estaban definidas por Ley hasta 2032”, detalló el ejecutivo.
Daroch agregó que con la promulgación de la Ley de Fraccionamiento, el Estado “desconoció este hecho y reasignó participaciones sin considerar que se habían hecho inversiones y una planificación de largo plazo. Todo eso fue ignorado por la institucionalidad chilena”.
Indemnizaciones
Las definiciones legales de las compañías pesqueras tienen un argumento similar. Blumar, ligada a las familias Sarquis, exige US$ 216 millones; Camanchaca solicitó US$ 100 millones; Landes demanda una compensación de más de US$ 70 millones; y Alimar prepara una acción por un monto en torno a los US$ 100 millones. En el caso de FoodCorp, las estimaciones preliminares apuntan a pérdidas por alrededor de US$ 100 millones “monto que esperamos recuperar al término de este juicio”, puntualizó el ejecutivo.
Más allá de las cifras patrimoniales, la compañía enfatizó el impacto que esta reducción de cuotas, principalmente enfocada en la captura de jurel, tendrá en el empleo local. “FoodCorp tiene un compromiso profundo con Coronel, una comuna con graves problemas de empleo y de desarrollo, así como con sus más de 650 trabajadores, por ello tenemos la obligación de proteger nuestra operación y viabilidad futura”, concluyó Daroch.
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