La semana pasada la Sala del Senado aprobó –por 37 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones– y despachó a la Cámara el informe de la Comisión Mixta del proyecto que regula estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica, que hoy lunes se votó en la Cámara de Diputadas y Diputados, aunque con menos amplitud que la que se alcanzó en el Senado, debido a que los diputados del pacto Apruebo Dignidad en su mayoría rechazaron o se abstuvieron. Pese a todo, la reforma logró sortear el Congreso y quedó lista para ser promulgada.
A pesar de las reticencias del gobierno respecto del proyecto, la iniciativa, que necesitaba 93 votos para ser aprobada, llegó a los 97 a favor, 17 en contra y 28 abstenciones.
El pacto oficialista Apruebo Dignidad no concurrió con sus votos para darle luz verde a la reforma, con la que el gobierno no tendrá que seguir pidiendo cada 15 días la venia del Congreso para extender, en caso de requerirlo nuevamente, el estado de excepción en la Macrozona Sur.
Pero ese no es el único objetivo de la propuesta, ya que de lo que se trata es que de ser necesario, concede al Presidente de la República la atribución de decretar que las Fuerzas Armadas puedan resguardar la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente, a través de un decreto supremo que deberá ser firmado por los ministros del Interior y de Defensa.
Qué es infraestructura crítica
Según la reforma, infraestructura crítica es “el conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medioambiente o a la seguridad del país”.
Se entiende incluida en el concepto de infraestructura crítica aquella “indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, agua o telecomunicaciones; la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los sistemas de asistencia sanitaria o de salud”.
Sin embargo, esta atribución no podrá significar la “suspensión, restricción, limitación o afectación de los derechos y garantías consagrados en la Constitución o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” y las FFAA en ningún caso podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público y deberán respetar los derechos humanos en todo momento.
Esta medida no podrá extenderse por más de 60 días y para una extensión similar, el Presidente deberá concurrir por una autorización del Congreso, dando cuenta de las medidas que se hayan adoptado durante los primeros 60 días.
Tras el resultado de la votación, el ministro de la Segpres Giorgio Jackson advirtió que su cartera, junto con Interior y Defensa, tendrán que elaborar los reglamentos necesarios para la implementación de la norma “para tener el marco jurídico y normativo que nos permita poder ocupar esta herramienta” y que cuando esto esté listo “no tendremos ningún problema en encontrar cuál es la mejor de las herramientas para abordar los desafíos que está teniendo nuestros país y en especial la Macrozona Sur”.
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