Editorial

Acuerdo en royalty minero

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Tras una larga tramitación, la semana pasada la sala del Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto de royalty minero, que se enmarca en la reforma tributaria de mayor alcance que está promoviendo el Ejecutivo. Durante la discusión legislativa se hicieron ver variadas aprensiones sobre el impacto que la modalidad propuesta originalmente podía tener en la competitividad de la minería chilena a nivel internacional, así como en el mayor perjuicio que podría tener sobre las empresas mineras de menor tamaño relativo.

Luego de sucesivas negociaciones, lo que se está aprobando es una tasa general de impuesto de 1% sobre las ventas para la gran minería, sumada a una tasa variable que fluctuará entre un 8% y un 26%, a aplicarse sobre el margen operacional de las empresas. Un aspecto relevante del proyecto es que incorpora el concepto de carga tributaria máxima para las empresas mineras, considerando la suma del impuesto de primera categoría, del royalty y del impuesto adicional que se aplica a los socios.

La carga tributaria máxima efectiva podría exceder la que prevalece en países que son competidores directos de Chile.

La propuesta inicial establecía un techo de 50% sobre las utilidades, pero la constatación de que una carga de esta magnitud dejaba a la minería chilena fuera de mercado para los inversionistas globales -que podrían preferir buscar yacimientos en otras latitudes donde la presión tributaria fuera menor-, hizo que el Gobierno cediera hasta fijarse un techo máximo de 46,5% para la gran minería (empresas con ventas superiores a 80 mil TM) y de 45,5% para empresas con ventas entre 50 mil y 80 mil TM).

En opinión de los gremios y de las empresas del sector la carga tributaria máxima efectiva que se estaría aprobando excede la que prevalece en países que son competidores directos de Chile -como Australia, por ejemplo-, lo que debería compensarse con otros atributos que finalmente hagan inclinar la balanza en favor de nuestro país. Uno de ellos podría ser la inclusión de una cláusula de invariabilidad tributaria, de modo de ofrecer un horizonte de estabilidad en esta materia.

Por sobre todo, el ambiente para hacer negocios, el respeto de la propiedad privada y un adecuado funcionamiento del Estado de derecho son requisitos fundamentales que Chile debe fortalecer si aspira a mantener su competitividad internacional.

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