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Alto contrasteLa confianza que Lula debe recuperar
La elección de Luiz Inácio Lula da Silva para un cuarto mandato abre una etapa exigente para la conducción económica de Brasil. La reacción de los mercados -con una fuerte baja en el precio de las acciones que gatilló la suspensión temporal de operaciones en la bolsa brasileña- refleja desconfianza respecto de su disposición para contener el deterioro fiscal. Si bien este ajuste también responde a la reversión de expectativas de una victoria de Flávio Bolsonaro, reconstruir la credibilidad exigirá señales explícitas de responsabilidad en el gasto y control del endeudamiento, capaces de afianzar las expectativas internas y restablecer la confianza externa en la conducción económica del país.
Como advirtieron analistas, los inversionistas temen que el nuevo ciclo acentúe los desequilibrios de las cuentas públicas. La deuda bruta del gobierno general pasó de 71,7% del PIB al cierre de 2022, antes del actual mandato de Lula, a 82,9% en agosto de 2026, según cifras del banco C}central brasileño. Un costo de financiamiento soberano al alza restringe el margen para responder a las demandas sociales, mientras la incertidumbre fiscal puede presionar el tipo de cambio, encarecer el crédito privado y dificultar una reducción sostenida de las tasas de interés. La disciplina presupuestaria resulta indispensable para sostener los compromisos del Estado sin traspasar una carga creciente a los hogares y al sector productivo.
Reconocer el mandato democrático de Lula es compatible con examinar críticamente sus decisiones económicas.
Con todo, sería apresurado transformar la reacción inicial en un dictamen definitivo sobre los próximos cuatro años. Durante su primer gobierno, Lula elevó la meta de superávit primario para 2003 a 4,25% del PIB y respaldó una política macroeconómica prudente, decisiones que el FMI reconoció por su contribución a mejorar la confianza. Ese antecedente justifica otorgarle el beneficio de la duda, aunque las condiciones actuales impiden dar por asegurada una orientación similar.
La conformación del equipo económico, el respaldo político de Planalto a sus autoridades fiscales y un programa plurianual creíble para estabilizar la deuda pública permitirán evaluar el rumbo de Brasilia. Viabilizar esa agenda requerirá acuerdos con el Congreso y ordenar las prioridades de gasto. La consistencia de estas definiciones incidirá en las condiciones para invertir, contratar y recuperar el crecimiento.
La decisión del presidente Kast de saludar a Lula apenas conocido el resultado y comprometer su asistencia al cambio de mando expresa un pragmatismo que corresponde preservar como política de Estado. La relación con Brasil involucra intereses estratégicos, cuya continuidad exige que las diferencias ideológicas no condicionen el vínculo bilateral. Mantener una interlocución fluida permite abordar obstáculos comerciales, logísticos y regulatorios que afectan al sector privado, mediante una agenda que trascienda a los gobiernos de turno.
Chile tiene un interés directo en que la principal economía de la región preserve su estabilidad y recupere la confianza para atraer capitales. Reconocer el mandato democrático de Lula es compatible con examinar críticamente sus decisiones económicas. La legitimidad obtenida en las urnas le permite gobernar, pero será la consistencia de sus políticas la que determine si puede sostener las mejoras de bienestar comprometidas sin que el costo de financiarlas termine frustrándolas.
