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Alto contrasteÚltimo mensaje presidencial
El próximo 1 de junio, el Presidente Gabriel Boric entregará su última Cuenta Pública, en un contexto marcado por una sostenida caída en el apoyo ciudadano y una serie de escándalos de corrupción, ligados a los casos Convenios y ProCultura –que involucran, entre otros delitos investigados, malversación de caudales públicos, fraude al fisco y tráfico de influencias–, al reciente descubrimiento de miles de funcionarios públicos que utilizaron licencias médicas para viajar fuera de Chile, y a las nuevas y escabrosas revelaciones en torno al caso Monsalve. Se trata de un escenario complejo para un Gobierno en retirada y que deberá enfrentar una campaña electoral, en medio de una creciente desafección ciudadana, un crecimiento potencial que sigue anclado en torno al 2%, niveles de inversión que no repuntan y un desempleo que ha bordeado el 8% en los últimos dos años.
Como en toda Cuenta Pública, es previsible la presentación de un balance y de los principales hitos de la actual administración. Entre ellos, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, la puesta en marcha de las leyes Karin, de 40 horas, de pago efectivo de las pensiones de alimentos y la reforma previsional, aunque en una versión que dista mucho del término de las AFP prometido a sus votantes.
No obstante, de acuerdo con un informe de la fundación Ciudadanía Inteligente, que evaluó 216 compromisos legislativos, el cumplimiento programático del Gobierno solo alcanzaba a 38%, hasta marzo de este año. Un dato especialmente revelador es que 105 de ellos no registraban a esa fecha avances de ningún tipo.
Entre esos logros se extrañan proyectos orientados a mejorar las condiciones para la inversión, el crecimiento, el empleo, la puesta en marcha de grandes proyectos y la productividad. Parte de estas falencias probablemente expliquen la escasa adhesión que tanto el mandatario, el Gobierno y los candidatos de la coalición oficialista exhiben en las encuestas, con una desaprobación que para el caso del Presidente bordea el 70%, una de las más altas de su administración.
En la última de las Cuentas Públicas es habitual la tentación de marcar un legado o de formular promesas de alto impacto retórico con escasa proyección real, como el reciente anuncio de proyectos en materia valórica. Pero la principal limitación de este ejercicio es el estrecho tiempo de gestión que resta. En este marco, resultaría valioso que los énfasis fuesen puestos en despejar la incertidumbre que frena el despegue de la economía. La agilización de permisos para acelerar la inversión y la formación de capital, la reforma al sistema político, la certeza tributaria y el financiamiento de la educación superior bien podrían constituir cuatro áreas prioritarias a las que dedicar los esfuerzos finales.
