La socia del estudio jurídico BES Abogados, Vanessa Facuse, representa hoy a 187 aportantes de Sartor AGF. Comenzaron en abril con cerca de cien y, con el paso de las semanas, el número aumentó. Su primera acción fue en la Corte de Apelaciones, donde ingresaron un escrito para intervenir como terceros independientes en el reclamo de ilegalidad presentado por la administradora en contra de la resolución de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que canceló su licencia y dio inicio a la liquidación.
Desde entonces han formado un comité de clientes y analizan distintas vías para que los aportantes recuperen su patrimonio. Facuse detalla que son 135 personas naturales y 52 jurídicas. “Hay profesionales, jubilados y personas que desempeñan oficios de manera independiente”. Y agrega: “Estos aportantes no son empresarios, no son instituciones financieras, están en un limbo en esta discusión y no participaron en estas inversiones de manera imprudente”.
Actualmente, el grupo analiza la novedad más reciente del caso. El jueves, el liquidador de Sartor AGF, Ricardo Budinich, junto a la CMF, dieron a conocer el remanente del informe de valorización de los fondos mutuos y de inversión encargado a PwC y Deloitte. Según información detallada por el regulador, habría detrimentos de hasta 85% en 10 vehículos, al cierre de 2024. Además, Toesca Asset Management —la gestora ligada a los ex Celfin y BTG Pactual, Alejandro Reyes y Carlos Saieh— asumirá su administración.
Por primera vez, la abogada de BES —estudio ligado a Jorge Bofill, Ricardo Escobar y Loreto Silva— habla públicamente del caso y califica como “catastrófica” la información entregada por la CMF. Precisa que los detalles aún no han sido puestos a disposición de los propios aportantes, quienes intentaron durante meses comunicarse con Budinich para conocer el estado de sus inversiones: valorizaciones y deterioro de los fondos. En junio enviaron un correo a la casilla dispuesta por la administradora para atender consultas, pero nunca obtuvieron respuesta. Ante el silencio, los abogados copiaron a la CMF, que instruyó al liquidador a responder en un plazo de cinco días. Ese plazo no se cumplió. La contestación llegó recién el 9 de agosto: Sartor solo se comunicaría mediante hechos esenciales.
Y eso ocurrió este jueves.
Respecto de los datos entregados por la CMF y Sartor, Facuse es enfática: “Si estas cifras se confirman, no estamos ante meros deterioros contables, sino frente a la desaparición casi total del patrimonio invertido. Hasta diciembre de 2024 se trataba de inversiones que mantenían valor y rentabilidad. Resulta inaceptable que, de forma abrupta, y sin explicación transparente, se informe de un daño patrimonial de tal magnitud”.
La abogada también cuestiona la falta de transparencia y la exclusión del parecer de los aportantes tanto por parte de la CMF como del liquidador: “Nuestros representados llevan meses solicitando información sobre el estado de sus inversiones y la gestión de los activos, sin obtener respuesta. Además, desde el inicio se pidió que se entregara la gestión de los fondos a otra AGF. Hoy, en cambio, se anuncia esta catástrofe, acompañada únicamente de la designación de Toesca como liquidadora y del detalle de sus honorarios, mientras nada se explica sobre las verdaderas causas del colapso, ni sobre el destino del patrimonio de los fondos”.
Hay que recalcar, agrega la jurista, que la decisión de la CMF se adoptó sobre la base de un simple “promedio” de dos valorizaciones al 31 de diciembre de 2024, sin referencia a lo ocurrido durante 2025, y que los informes completos aún permanecen ocultos. “Lo que se comunicó el 14 de agosto no parece un acto transparente ni menos una actuación que se funde en el interés de los aportantes, tampoco es un deterioro por las fluctuaciones del mercado, sino del deterioro institucional de las AGF, lo que ha dejado en indefensión a un centenar de personas”.
Por ello, detalla Facuse, todos quienes resulten responsables deberán enfrentar a la justicia por el enorme perjuicio causado, “no solo a los inversionistas afectados, sino también a la confianza en todo el sistema financiero y al mercado de fondos”.
Y remata: “Es injusto que nuestros representados, que son las víctimas, carguen con este descalabro mientras los responsables quedan impunes patrimonialmente y la autoridad toma distancia después de ocho meses de intervención. El sistema que debía resguardar los derechos de los inversionistas ha fallado gravemente, y exigiremos que se determinen responsabilidades y se adopten todas las medidas necesarias para recuperar el patrimonio perdido”.
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